Concebido originalmente desde 2015, la conformación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) se ha prolongado más allá de los tiempos legales y arrastra ahora carencia de nombramientos claves para su operación en el plano nacional, así como rezagos en su integración en el ámbito estatal. Con ello, el comité coordinador funciona sin una pieza elemental: el fiscal anticorrupción, encargado de investigar los delitos vinculados a ese flagelo.

Aunque desde abril de este año se instaló el comité coordinador del SNA, funciona sólo con seis miembros ante el vacío provocado por el Senado, ya que esta instancia legislativa aún no designa fiscal anticorrupción.

En días pasados diversas organizaciones sociales integradas en la agrupación Una Fiscalía que Sirva denunciaron un posible albazo en el nombramiento.

No es el único vacío que enfrenta el SNA, pues aunque desde abril pasado el presidente Enrique Peña Nieto envió su propuesta de 18 magistrados para integrar la sala superior el Tribunal de Justicia Administrativa y las 18 estatales especializadas, sigue paralizado el nombramiento en el Senado.

La propuesta en su momento no estuvo exenta de críticas, incluso del Comité de Participación Ciudadana del propio SNA, que objetaron la poca transparencia con que se procesó la propuesta presidencial. El prolongado trámite de designación de estas piezas claves ocasionó que se empalmen con el relevo en la Auditoría Superior de la Federación.