El próximo jueves, la Comisión de Gobernación de la Cáma-ra de Diputados planea comenzar la discusión de un dicta-men para crear la Ley de Seguridad Interior (LSI) que las fuerzas armadas han pedido de forma insistente para darle marco legal a su intervención en tareas de seguridad pública.

En el documento de 109 páginas –del cual La Jornada tiene una copia– se afirma que el contexto actual por el que atraviesa la seguridad en México es cada vez más complejo, ante la emergencia de amenazas críticas dominantes, como el crimen organizado y el narcotráfico, que ponen en riesgo la seguridad tanto de las personas como de las instituciones.

De igual forma, el texto señala que a lo anterior se suman fenómenos de carácter internacional como la globalización, la intensificación de los flujos migratorios trasnacionales, el terrorismo, las armas nucleares y el cambio climático, entre otros, que tornan aún más complejo el panorama de la seguridad.

Ante tales desafíos, los modelos de seguridad nacional, interior y pública del Estado mexicano continúan presentando deficiencias propias de la complejidad y velocidad con que las amenazas se están transformando.

Por todo ello, el dictamen señala que la utilización del Ejército y la Marina para resolver los mencionados desafíos –en coordinación con las agrupaciones policiacas civiles– es un recurso válido, siempre y cuando sea requerido por la autoridad legítima del Presidente de la República.

Asimismo, subraya que al realizar estas labores de manera complementaria, las acciones de seguridad interior que lleven a cabo las Fuerzas Armadas, en ningún caso se considerarán de seguridad pública.

Al analizar las críticas vertidas contra la LSI, el documento establece que una norma de estas características no implica militarizar al país, ya que la participación del Ejército se realiza en auxilio a las autoridades encargadas de la seguridad pública cuando estas se ven rebasadas en sus capacidades institucionales por una amenaza que sobrepasa sus alcances.

Según el dictamen, la idea de que la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interior militariza el país es insostenible, puesto que el tema ya ha sido analizado por organismos internacionales, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, que han señalado que es válido su uso para salvaguarda de la seguridad interior.

Consultada sobre el tema, Catalina Correa, profesora-investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas, alertó que el dictamen que se planea discutir el 30 de noviembre tiene una definición excesivamente general acerca de qué es la seguridad interior, igual que otras propuestas legislativas en ese sentido, y simplemente niega que el Ejército vaya a realizar tareas de seguridad púbica, aunque en los hechos sí lo haga.

Además de lo anterior, no establece medidas de control civil, rendición de cuentas y transparencia, por lo que en realidad parece estar blindando al Ejército para cuando hagan labores de investigación de delitos o detenciones, en las cuales se pueden violar eventualmente los derechos humanos.

“La LSI dice que la actuación de las fuerzas armadas se dará con absoluto respeto, pero ya hemos visto un aumento en el uso de la fuerza letal en sus operativos y podemos prever que eso continuará sucediendo.

La prisa por aprobar esta ley tiene que ver con que el Ejército podría decidir en dónde se instalan o no algunas casillas durante las elecciones de 2018, dependiendo de las condiciones de la violencia, y por eso tiene también un propósito electoral, subrayó la especialista.