na breve mirada a la evolución de los precios del gas LP en México a lo largo del último año, basta para comprobar que los pronósticos que el gobierno formuló sobre el tema a raíz de la reforma energética estaban asentados más en el optimismo que en la realidad.

En efecto, apenas a comienzos de este año, cuando las autoridades en la materia liberaron el precio de los combustibles (después de medio siglo de haberlo mantenido bajo control), defendieron la medida augurando que resultaría benéfica para los consumidores.

Dos argumentos fundamentaban el vaticinio: el primero, que las empresas particulares estarían en condiciones técnicas de abaratar los costos de producción, y –en consecuencia– podrían ofrecer precios al público más bajos; el segundo, que las presiones de la libre competencia prácticamente obligarían a las gaseras a reducir precios para así posicionarse mejor que sus competidoras.

A 11 meses de la liberación, los hechos desmienten de manera concluyente aquellas previsiones: en ese periodo, el precio al consumidor del gas LP ha subido casi 35 por ciento en promedio, en un alza que, como la cola de un cometa, ha arrastrado tras de sí los precios de otros productos convirtiéndose en un elemento claramente inflacionario.

La expresión consumidor tiene, en este caso, un perfil bien definido: abarca a la población que integra un 66 por ciento de los hogares mexicanos y utiliza ese combustible diariamente a escala doméstica.

En términos numéricos eso significa una cifra aproximada de 93 millones de personas, para quienes, cada tanque de 20 litros de gas adquirido en condiciones de mercado, como dicen los especialistas, les sale entre 75 y 99 pesos más caro, dependiendo de la región del país en que vivan. Es decir, los precios varían en virtud de la competencia que según el gobierno derivaría en un abaratamiento del producto; pero todos tienen algo en común: son mucho más caros que antes.

Como para todo, hay una explicación, desde la Secretaría de Energía se dan claves para comprender las causas del alza, y éstas incluyen la caída en la producción de gas LP por parte de Pemex (y su correlato, la importación directa o el arrendamiento de infraestructura importadora a agentes privados, con los costos que ello representa); la existencia en algunas zonas de la República de proveedores que no tienen competidores en sus áreas de operación, por lo que no sienten ninguna necesidad de mantener precios razonables; y hasta el aumento en la demanda del combustible en Asia, que redujo el volumen de las existencias en el mundo y encareció los precios.

Tienen los funcionarios de Energía una explicación más para el desorbitado incremento del gas LP, aunque suena bastante menos verosímil que las otras: que la apertura del libre mercado es muy nueva y los participantes todavía no han aprendido bien sus mecanismos.

El escenario en lo que respecta al indispensable insumo y sus constantes aumentos está lejos de ser prometedor. Pero lo peor es que, en opinión de los especialistas en asuntos energéticos –y de las propias autoridades del sector– no hay grandes probabilidades de que las cosas cambien y las cerca de 350 empresas privadas que actualmente distribuyen gas LP en el país tengan las condiciones, la disposición, o las dos cosas juntas, para moderar sus precios.