Mexicali, BC.

En la frontera entre México y Estados Unidos el trasiego de armas es una realidad lo que incide en la violencia y la comisión de delitos, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California.

Ante esta situación y por pertenecer al ámbito federal, el presidente municipal de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, llamó al Congreso de la Unión a reformar el Código de Procedimientos Penales para limitar los beneficios de la liberación bajo fianza de varios delitos, principalmente la posesión de armas de fuego.

Tras ponderar la coordinación con el Ejército Mexicano y las corporaciones estatales, Gastélum Buenrostro sostuvo que hay detenciones de hombres armados, pero obtienen libertad con el pago de fianza, al no ser considerado delito grave. Incluso los policías municipales carecen de facultades para arrestar a una persona armada a bordo de un vehículo, a menos que cometa una infracción de tránsito.

Es una situación difícil, nada agradable lidiar con eso, por eso requerimos que la ley reforme sus procedimientos para que la portación de armas no alcance fianza y se incluyan en el catálogo otras conductas ilícitas. Por ejemplo, el robo de vehículo simple alcanza fianza, reconoció. Señaló que es necesaria la colaboración del Poder Judicial.

A principios de noviembre, el gobernador Francisco Vega y los cinco alcaldes de Baja California se reunieron con el presidente del Tribunal de Justicia del estado, el magistrado Salvador Ortiz, para solicitar que se revisen los criterios judiciales para imputados por delitos donde estén involucradas armas de fuego y punzocortantes.

Datos de la Secretaría de seguridad pública de Tijuana refieren que en 11 meses se logró decomisar 712 armas de fuego de diferentes calibres, lo que representa un incremento de 35 por ciento en la incautación con relación al año anterior, así como el arresto de 459 personas en posesión de armas.

Más de mil 500 homicidios dolosos

En entrevista, el alcalde panista reconoció la situación de violencia en esta ciudad fronteriza, donde se han registrado más de mil 500 homicidios dolosos durante 2017, de los cuales nueve de cada 10 decesos están vinculados al trasiego del narcomenudeo. Explicó que Tijuana dejó de ser una zona de paso del narcotráfico para convertirse en una ciudad de consumo de drogas.

Se están peleando entre ellos (los grupos de la delincuencia organizada), los espacios, porque el trasiego de drogas es fuerte, pero ya es una plaza de consumo. Es una situación que atañe a grandes partes de México, no sólo a Tijuana, donde se está trabajando, aunque no tenemos la sicosis de inseguridad de hace algunos años, comentó.

El secretario de seguridad pública municipal, Marco Antonio Sotomayor, el segundo en un año, explicó que el tráfico de drogas al menudeo es un asunto que creció al dejarse de atender las adicciones con programas de prevención, por lo que ahora les toca combatir las secuelas.

Gastélum consideró la necesidad de diseñar y establecer acciones y estrategias más duras para cerrar el paso a la delincuencia, por lo que comentó que la segunda Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional instaló cuatro campamentos en centros comunitarios de alta incidencia delictiva.

Además, está la operación de seis casetas, una de ellas fija, del programa Seguridad Móvil por tu Comunidad en lugares naturales de reunión en esta frontera, sobre todo centros comerciales, para lograr mayor movilidad en colonias aledañas de grupos integrados por policías municipales, ministeriales, federales y soldados.

En Tijuana existe un déficit de agentes municipales, pues solo están en operación 2 mil y según los estándares internacionales se deben tener al menos mil más, por lo que la administración municipal integrará personal de la policía comercial a la corporación y contratará 500 nuevos uniformados.

Vamos a traer policías de Ensenada y Mexicali siempre y cuando tengan las certificaciones; además tenemos 60 solicitudes de aspirantes de fuera del estado que se revisan, añadió el alcalde.