Los pueblos originarios organizados del sur de la Ciudad de México fijaron su postura ante el gobierno capitalino: Se requiere una nueva relación, sustentada en el reconocimiento de la propiedad colectiva que los pueblos tenemos sobre más de la mitad del territorio de la entidad y en el respeto de nuestro derecho a determinar sobre nuestros territorios, tal como lo establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los convenios internacionales en materia de derechos y cultura indígena, desarrollo sustentable y medio ambiente.

La declaración expresa: la Constitución Política de la Ciudad de México, publicada el 5 de febrero de 2017, reconoce como principio rector de la ciudad el respeto a la propiedad privada y no garantiza la protección de las tierras comunales y ejidales de nuestros pueblos, ni contem-pla nuestra participación en la elaboración de los planes y programas de desarrollo y en el ordenamiento de nuestros territorios.

Firman la Declaratoria de los Pueblos del Sur de la Cuenca de México los nueve pueblos de la comunidad de Milpa Alta, los pueblos de San Miguel y Santo Tomás Ajusco, San Andrés Totoltepec, San Nicolás Totolapan, Santa Cruz Xochitepec, Santa Cecilia Petetlapa, San Francisco Tlalnepantla y San Mateo Tlaltenango. Se suman La Candelaria, Los Reyes y otras poblaciones dentro de la mancha urbana. El documento fija el desacuerdo de estos pueblos originarios con medidas gubernamentales: Las políticas públicas en materia de medio ambiente y desarrollo sustentable que pretendan establecerse en tierras comunales y ejidales deben ser elaboradas entre quienes somos pueblos dueños de la tierra y el gobierno, y deberán quedar plasmadas en las leyes locales, planes y programas de desarrollo. Estos deberán detener y revertir la crisis ambiental y urbana en que se encuentra sumida la ciudad.

Los pueblos remiten su legitimidad territorial ininterrupida a los tiempos coloniales, e incluso antes. Han sido testigos y actores, desde sus rincones rurales, de toda la historia de México. Pero la modernidad es el periodo más amenazante para su permanencia. Ellos lo explican: en el proceso de expansión y crecimiento de la Ciudad de México, iniciado en la década de 1940, muchos de los pue-blos de Anáhuac fueron perdiendo sus tierras hasta quedar convertidos en barrios y colonias de la ciudad. Durante este proceso se destruyeron zonas ecológicas, lo que ha conducido a la ciudad a una crisis ambiental y urbana que pone en riesgo la continuidad de la existencia de toda forma de vida en la entidad. En la década de 1990 el gobierno impulsó la modificación del artículo 27 constitucional y la derogación de la ley de Reforma Agraria con el fin de facilitar la apropiación y privatización de tierras comunales y ejidales, lo que revitalizó la exigencia de que se reconocieran en la Constitución nuestros derechos histórico-colectivos.

Apuntan, significativamente: El levantamiento zapatista obligó al Estado a reconocer en las reformas constitucionales de 2001 que la nación tiene una composición pluriétnica y multicultural, además del derecho que tenemos los pueblos a la autodeterminación y autonomía para definir formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural, aplicar sistemas normativos propios para la regulación y solución de conflictos internos, elegir mediante normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades o representantes de los pueblos, y preservar y enriquecer nuestras lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyen nuestra cultura e identidad.

Exigen al gobierno de la ciudad cumplir su obligación de retribuir de manera justa y digna a nuestros pueblos por los beneficios ambientales que nuestras tierras generan. Está demostrado históricamente, destacan, que la conservación de los recursos naturales sólo es posible con la participación directa de los pueblos dueños de las tierras. Piden que todas las instancias relacionadas con el medio ambiente, el desarrollo sustentable, la cuestión agraria, la cultura y educación trabajen en un marco de respeto y reconocimiento a nuestros pueblos y representaciones legales y mecanismos internos de determinación colectiva, como únicos interlocutores válidos en la toma de decisiones respecto de las acciones, planes y programas que pretendan desarrollarse en nuestros territorios.

Los pueblos originarios del sur de la Cuenca de México sostienen que a ellos mismos corresponde regular todo lo referente a nuestros bienes naturales y el gobierno de la entidad debe garantizar esta facultad. Asimismo, reivindican su derecho a la libre determinación y autonomía, demandan ser integrantes de los órganos de gobierno de la entidad y participar direc-tamente en la toma de decisiones mediante sus formas de organización y representación, ajenas a los partidos políticos.

Exigen al gobierno reconocer en la práctica la existencia de nuestra cultura ancestral, impulsando programas para revitalizarla, lo cual implica el establecimiento de planes propios de educación, rescate del náhuatl y salvaguarda de sus valores históricos y culturales. Y concluyen: los pueblos tenemos el legítimo derecho de oponernos a leyes, planes y programas notoriamente injustos.