Un día después de que el titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Miguel Ángel Osorio Chong, llamó en el Senado a aprobar la ley de seguridad interior, los panistas denominados rebeldes se sumaron a la demanda y advirtieron que debe aprobarse esa normatividad antes de que concluya el periodo de sesiones.

Los senadores Roberto Gil, Javier Lozano, Jorge Luis Lavalle y Salvador Vega advirtieron que si en la Cámara de Diputados no hay condiciones para aprobar la ley de seguridad interior, en el Senado se cuenta con la mayoría necesaria para sacar ese marco jurídico que requieren las fuerzas armadas para continuar en el combate al crimen organizado.

Sostuvieron que el senador Ernesto Cordero y otros panistas están dispuestos a votar, junto con el PRI, esa ley, que no va a militarizar al país, sino a ordenar la presencia castrense en tareas policíacas, con un plazo máximo de seis meses.

El senador Gil Zuarth, autor de unas de las iniciativas en la materia, reveló que hay un anteproyecto de dictamen, elaborado junto con los diputados, del que se eliminaron los aspectos más controvertidos de esa reforma, entre ellos, dar facultades al Ejército y a la Marina para realizar investigaciones o llevar a cabo cateos.

Quitamos todo tipo de fraseo que pudiera ser interpretado como un autorización para el uso de fuerza, todo aquello que resultaba preocupante para las organizaciones de la sociedad civil y a los propios partidos políticos.

Expuso, asimismo, que en ese anteproyecto de dictamen se vinculó la ley de seguridad interior con la de seguridad nacional. Detalló que se definen requisitos para el despliegue militar en algún estado o municipio, entre ellos la suscripción de un convenio entre la Federación y la entidad, y el compromiso de reconstrucción institucional y pacificación de la zona que solicitó el apoyo del Ejército.

Gil Zuarth recalcó que las fuerzas armadas sólo podrán estar en alguna entidad o región por seis meses, lo que contrasta con la situación actual, en que los militares llevan 12 años en Tamaulipas y 10 en Veracruz.

Hay estados, resaltó, que invierten 600 millones de pesos al año para pagar cuarteles, viáticos y otros gastos de operación de los militares que combaten la violencia y la inseguridad. Esos recursos, detalló, los podría dedicar a capacitar a sus policías.

Lozano comentó que debe haber ya ley de seguridad interior, que, como bien dijo el secretario de Gobernación, no es para militarizar el país, sino para dar certeza jurídica a las fuerzas armadas, en el combate a la inseguridad de la que tanto nos quejamos.