yer, en la inauguración de la tercera conferencia internacional de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), el secretario general de ese organismo, Jaime Valls Esponda, y los rectores de las universidades Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, y de Guadalajara (UdeG), Tonatiuh Bravo Padilla, coincidieron en destacar la necesidad de otorgar respaldo financiero a las instituciones públicas de educación superior que enfrentan carencias de recursos para operar, y no se diga para desarrollarse y ampliar sus actividades.

Debe considerarse que algunos centros oficiales de enseñanza superior del país transitan actualmente por dificultades coyunturales en aspectos tan básicos como los pagos de nómina, una situación injustificable y exasperante que ha obligado a voltear los reflectores a la bajísima prioridad que se concede en las esferas políticas –legislativas y gubernamentales– responsables de diseñar y asignar los presupuestos. Esa circunstancia es, sin embargo, la expresión extrema de muchos años de desdén y desinterés que ha colocado al conjunto de las universidades del Estado ante la imposibilidad de ofrecer sitio a la población joven que demanda educación superior y de postergar, reducir o cancelar programas y actividades de investigación y de extensión que resultan cruciales para el desarrollo del país.

Como lo señaló Valls Esponda, las universidades públicas han operado en condiciones deficitarias en los últimos años como resultado del crecimiento acelerado de la matrícula, el crecimiento parcial de las plantillas de personal académico y administrativo, los compromisos contractuales adquiridos a lo largo de décadas y la falta de solvencia para atender las obligaciones derivadas de los sistemas de jubilaciones y pensiones. Esas circunstancias son comunes a diversas instituciones del Estado pero, a diferencia de las entidades públicas y privadas que han sido rescatadas con recursos del erario en décadas recientes, las universidades han sido abandonadas a su suerte.

Resulta desolador que desde la lógica del modelo político y económico vigente no se alcance a comprender que, al descuidar el sustento, el desarrollo y la expansión de los institutos de enseñanza superior, se renuncia a toda posibilidad de crecimiento sostenido, a toda perspectiva de solución de los conflictos sociales y a cualquier mejoría futura en la situación del país. Es deplorable que año con año las autoridades universitarias deban rogar a las legislaturas la asignación de recursos para salvar el periodo. Y es indignante que las universidades Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y las autónomas Benito Juárez (Oaxaca), de Morelos, de Nayarit y de Zacatecas no dispongan de dinero para cubrir los salarios de este mes y del próximo, ni para otorgar los aguinaldos de ley a su personal.

Ante esta circunstancia, resulta evidente la necesidad de establecer mecanismos legales que fijen, tanto en el ámbito federal como en el estatal, porcentajes mínimos del producto interno bruto y de los presupuestos que se designen a la educación universitaria que imparte el Estado. Y en lo inmediato es urgente que las autoridades locales y nacionales encuentren la manera de dar asistencia financiera de emergencia a los establecimientos más necesitados de ella.