Funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), así como representantes del sector de tecnología financiera en el país se reunieron con senadores para pedirles que aprueben la ley Fintech que envió el Ejecutivo.

José Bernardo González, titular de la Unidad de Banca Valores y Ahorro de la SHCP, insistió en que lo que persigue dicha ley –para regular las operaciones con dinero virtual– es evitar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, así como tener identificado el origen y destino de los recursos de quienes realizan esas transacciones; asimismo, atajar riesgos financieros y sobre todo dar seguridad jurídica a quienes accedan a esas plataformas.

Aseguró que también se busca contrarrestar los riesgos tecnológicos, como el robo de identidad y refirió que ya hay una basta experiencia internacional en la materia, como en Estados Unidos, Canadá, China, Francia, Reino Unido, Nueva Zelanda y Suiza, entre otros.

Mismo riesgo, misma regulación, plantea funcionaria del BdeM

En su oportunidad, Carlos Orta, de la CNBV, dijo que se busca que las autoridades, por medio de una regulación secundaria, den a conocer a los usuarios en cuáles proyectos pueden invertir fondos y también fijar capital mínimo regulatorio.

Lorenza Martínez Trigueros, directora general de Sistemas de Pagos y Servicios Corporativos del Banco de México, insistió en que esta ley está dirigida a un mercado especializado de los servicios y como Fintech, al igual que las instituciones bancarias, representa el mismo riesgo por lo cual se tiene que buscar la misma regulación. ¿Cuál es el tipo de regulación que se tiene que establecer? Mismo riesgo, misma regulación, refirió.

Esto es, detalló, se tienen que limitar ciertas actividades de los participantes, dejemos que se desagreguen los servicios, pero tenemos que asegurar que no den otros servicios, es decir, “si van a tener una legislación más ligera, no van a poder ofrecer ciertas actividades. En el caso de pagos electrónicos no podrá dar crédito, y se tiene que limitar el número de cuentas, pues no están pensadas como cuentas de ahorro y tampoco podrán pagar intereses.