o tembló igual para todos. Aunque los sismos del 7 y 19 de septiembre pasados dejaron una huella trágica en algunos barrios acomodados de Ciudad de México, se ensañaron con los habitantes más humildes de las orillas de la metrópoli. Han transcurrido casi dos meses de la sacudida, y lejos de los reflectores que iluminaron la devastación en las colonias Roma o Narvarte, los damnificados de Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco sufren no sólo los efectos del desastre natural, sino las prisas gubernamentales por maquillar de normalización la vida de amplias zonas de la urbe.
En las periferias capitalinas las heridas abiertas por el temblor siguen abiertas. Lesión sobre lesión, el abandono ancestral en la provisión de los servicios públicos y el mantenimiento de las infraestructuras, precipitó que los daños por los sismos fueran mayores que en otras zonas. Las huellas de esta doble desgracia pueden verse en todos lados: distribución de agua potable, vialidades, servicios sanitarios y escuelas.
Los temblores del 7 y 19 de septiembre sirvieron de radiografía de la desatención en que se encontraban muchas escuelas de las zonas proletarias de la capital. El diagnóstico que arroja esta placa muestra de cuerpo entero la irresponsabilidad con que han actuado las autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) responsables de la enseñanza básica en la ciudad (en el antiguo Distrito Federal la competencia en este terreno pertenece al gobierno federal). Y es, por lo menos, preocupante: escuelas con falta de mantenimiento, infraestructura deficiente y abandono presupuestal. Muchos centros escolares no cumplen con las normas básicas de seguridad establecidas en la legislación vigente.
Por el contrario, la otra cara de la moneda del sismo del 19 de septiembre, es la respuesta de los maestros del sistema de educación pública básica. Como señala el profesor Roberto Gómez, su actitud fue admirable. Ninguno abandonó a sus alumnos en medio de la crisis. Todo lo contrario, actuaron rápida y eficazmente para resguardar a más de un millón de niños y jóvenes. Los padres de familia que corrieron temerosos a las escuelas a buscar a sus hijos, los recibieron sanos y salvos. Los docentes fueron los últimos en abandonar los planteles, a pesar de que ellos también tienen familia.
Los daños en las escuelas de Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco no fueron poca cosa. En su comparecencia en el Senado el pasado 31 de octubre, el secretario de Educación, Aurelio Nuño, informó que 80 por ciento de las 10 mil escuelas de educación básica de Ciudad de México habían reanudado clases, pero 20 por ciento no. Eso significa que, a casi dos meses de los sismos, alrededor de 2 mil centros educativos no tienen aún clases.
El papel de la SEP en la atención del desastre ha sido muy deficiente. La mayoría de las escuelas que regresaron a funcionar regularmente están ubicadas en delegaciones en que las afectaciones causadas por los temblores fueron mínimas. El 22 de septiembre, la SEP emitió el comunicado 270 en el que informa de los ocho pasos para el retorno a las aulas. Allí anuncia que todas las escuelas de educación básica de Ciudad de México serían revisadas por un director responsable de obra (DRO), para definir si estaban en condiciones de reanudar actividades. Sin embargo, el número de DRO destinados a la actividad resultó insuficiente (al 24 de septiembre la revisión no culminaba). Cada DRO debió supervisar entre 10 y 12 escuelas diarias. En muchos casos las revisiones fueron relámpago y, en lugar de dar certidumbre a los padres, generaron enorme inquietud.
En no pocos casos, escuelas con daños en bardas perimetrales (que fueron construidas sin reforzarlas con castillos), salones, muros, pisos y escaleras fueron dictaminadas como seguras. Indignados, los padres de familia rechazaron esos peritajes y decidieron no mandar a sus hijos a clases.
Las escuelas que sufrieron daños considerables y han sido reparadas son mínimas. Algunas escuelas afectadas retornaron a clases sin haber sido reparadas. Otras han sido reubicadas en otros planteles, que desde antes estaban saturados. El que varios centros escolares damnificados estén cercanos unos a otros, dificulta que los alumnos sean trasladados a otros edificios. El que en varias colonias se carezca de espacios públicos, hace imposible habilitar albergues escolares de emergencia. Hasta el 5 de noviembre no había sido instalada ningún aula prefabricada.
La SEP parece carecer de una estrategia para resolver el problema atendiendo la particularidad de cada plantel. Buen número de escuelas podrían estar ya laborando si se hubiesen atendido los daños que no son estructurales. Otras que los tienen podrían haberse reubicado ya de haber tomado en cuenta las propuestas de espacios hechas por los padres de familia. Es difícil saber si esta falta de estrategia obedece a la carencia de recursos o a la descoordinación entre las diferentes dependencias, la SEP y las delegaciones.
Padres de familia y maestros se han movilizado a la Asamblea Legislativa de Ciudad de México (ALCM) en tres ocasiones. En la primera, fueron recibidos en el recinto. En la segunda, efectuaron una concentración frente al edificio. Y, en la tercera, alumnos de varias escuelas tomaron clases fuera de las instalaciones legislativas. La comisión de damnificados se ha reunido en distintos momentos con los legisladores. El pasado 20 de octubre, la comisión tuvo una reunión con el coordinador general de obras del Inifed y las autoridades de la Dgsei. La asamblea publicó un desplegado en tres diarios retomando parte de los planteamientos formulados por los padres de familia. Sin embargo, el punto central, que es la mesa de negociación con la SEP, no ha tenido avance alguno.
El tiempo pasa y los padres de familia están cada vez más enojados y desesperados. Su indignación se ha hecho aún mayor, al saber que la SEP gastará 34 millones de pesos mensuales en la renta de oficinas de lujo, mientras centenares de escuelas permanecen en el abandono. Están convencidos de que necesitan efectuar acciones de protesta más fuertes.
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