Madrid.

Carles Puigdemont, el cesado presidente de la Generalitat de Cataluña refugiado en Bélgica desde el pasado 27 de octubre, advirtió que el ultraje colosal que ha perpetrado el Estado español contra el movimiento independentista –con el encarcelamiento masivo de soberanistas– tendrá serias consecuencias. El líder separatista publicó un artículo en el diario británico The Guardian, en el que insistió en su intención de ser candidato en el exilio, de cara a las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre.

Puigdemont y los cuatro consejeros con los que se encuentra en Bélgica, Antoni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Lluís Puig, se presentaron este domingo de forma voluntaria ante la policía belga. Después de rendir declaración durante cinco horas salieron en libertad condicional al filo de la media noche.

De esta manera inició un proceso que tendrá la próxima cita el 17 de noviembre, cuando la Cámara del Consejo de Bruselas decidirá si los entrega al Estado español.

El caso en Madrid lo lleva la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que los acusa de sedición, rebelión, malversación y cohecho.

Puigdemont y sus colaboradores salieron de Cataluña con el objetivo de no enfrentar al sistema judicial español, que actualmente mantiene presos al ex vicepresidente Oriol Junqueras y a siete ex consejeros (ministros). Sólo Santi Vila salió en libertad con fianza de 50 mil euros, pues fue el único miembro del gobierno catalán que renunció la víspera de que el Parlamento aprobara la declaración unilateral de independencia.

Se ve difícil una coalición

Con este escenario adverso para el movimiento independentista, Puigdemont tiene la firme intención de permanecer en Bruselas durante la campaña, de cara a las elecciones autonómicas convocadas por el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, tras la aplicación del artículo 155. El ex mandatario también aspira a liderar una lista electoral unitaria, que todavía está en el aire, puesto que a unas horas de que venza el plazo para registrar las coaliciones –este martes a las dos de la tarde– las posturas de los tres partidos independentistas están muy alejadas.

En su artículo, Puigdemont señala que el Estado español está llevando a cabo una criminalización del proceso soberanista, en la que quedan en evidencia los serios defectos democráticos españoles. El ex mandatario destacó que la aplicación del artículo 155 es un acto arbitrario, antidemocrático e ilegal para encarcelar y criminalizar a políticos que tan sólo hace dos años consiguieron índices históricos de apoyo popular.

Y su denuncia fue directa, al recordar que la justicia española tiene abiertos los procesos judiciales en los que los representantes del gobierno catalán podrían ser castigados con penas hasta de 30 años de cárcel. Puedes ser un partido independentista siempre y cuando no gobiernes, porque si lo haces, te acusarán de rebelión por cumplir con tu programa electoral. Pero si estás en contra de la independencia y no tienes la fuerza suficiente para gobernar, el todopoderoso Estado vendrá en tu ayuda, escribió Puigdemont.

También tuiteó: En libertad y sin finaza. Nuestro pensamiento está con los compañeros injustamente encarcelados por un Estado alejado de la práctica democrática.

Desde la prisión de Estremera, el ex vicepresidente de la Generalitat y líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, solicitó a la Audiencia Nacional que estudie su puesta en libertad con el argumento de que al ser candidato potencial a las elecciones, el estar en prisión preventiva lesiona irremediablemente su derecho a la participación política. La misma exigencia hicieron los ex consejeros Raül Romeva, Carles Mundó y Dolors Bassa.

Junqueras aspira a liderar la candidatura de ERC, que si se cumplen los pronósticos y no se llega a un acuerdo de coalición con el Partido Demócrata de Catalunya (PDCAT), será el partido más votado y la fuerza hegemónica del independentismo.

El tercer eje del proyecto soberanista, los anticapitalistas de Candidatura de Unidad Popular (CUP), ya advirtieron que no formarán parte de una lista unitaria y, de hecho, aseguran que todavía no deciden si participarán en los comicios, porque los consideran ilegítimos al haber sido convocados desde Madrid, por lo que decidirán en una asamblea el próximo 12 de noviembre.

En cuanto a la situación procesal de Puigdemont, el ministro de Justicia de España, Rafael Catalá, advirtió que la orden europea de detención y traslado tendrá buen fin y vinculó el encarcelamiento de los otros miembros del gobierno catalán a la gravedad de los delitos imputados y la fuga a Bélgica. Además, reiteró que actualmente el gobierno español no plantea ni tiene sobre la mesa la posibilidad de proscribir a algún partido político de cara a las elecciones, temor que ha crecido en estos días tras la presentación de una demanda contra la CUP.

Esta postura la reafirmó el fiscal general, José Manuel Maza, quien señaló que hay fundamentos de sobra para atender la petición de la justicia española, aunque ha admitido que esa decisión no le corresponde a él, y la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría expresó su máximo respeto por las decisiones de Bruselas.

Fractura en Podemos

La crisis catalana también provocó una fractura en el partido Podemos en Cataluña, cuyo secretario general, Albano Dante Fachin, decidió presentar su dimisión y su baja del partido ante la intolerable intervención de la dirección central, presidida por Pablo Iglesias, que intenta crear una alianza electoral con Catalunya en Comú, la formación política que lidera la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Podemos ha dejado de ser herramienta útil para enfrentar al régimen del 78 y a las élites corruptas que llevan 40 años gobernando el Estado y Cataluña, señaló el líder renunciante, que además baraja la idea de presentarse a los comicios con un nuevo partido fundado por él mismo, o si acaso, con ERC o la CUP, con los que mantiene estrecha relación.

Por último, la fuga de empresas de Cataluña continúa, aunque el ritmo ha disminuido desde la intervención del Estado español. Según el Colegio de Registradores se han ido 2 mil 152 empresas, entre ellas CaixaBank, Banco Sabadell, Gas Natural y Aguas de Barcelona.