Un caso de arrendamiento de computadoras por mil 176 millones de pesos, otorgado presuntamente de manera irregular, fue archivado por el órgano interno de control del Servicio de Administración Tributaria (SAT), aun cuando se había iniciado una investigación a las empresas favorecidas, informó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En su informe del resultado de la fiscalización de la cuenta pública 2016 indicó que recibió una denuncia el 30 de septiembre de ese año sobre “actos presuntamente irregulares… atribuibles a servidores públicos del SAT, que participaron en la contratación” de 902 puestos de servicio 3 o APS3.

Según la convocatoria, el equipo permitiría proveer, administrar y poner en operación equipos de cómputo personal, accesorios y servicios integrados, incluyendo el software institucional, la migración de la información y configuración para habilitar aplicaciones y programas necesarios para el personal del SAT y los centros de atención al contribuyente por un periodo de 42 meses.

La denuncia indicaba una presunta indebida adjudicación de un contrato derivado de una licitación pública, que se inició el 22 de marzo de 2016 y en el que sólo participaron cuatro empresas.

Tres contratos se otorgaron a la compañía Cepra y dos a Mainbit. Sin embargo, la auditoría confirmó que el SAT fundamentó las atribuciones para la firma de un primer fallo, del 21 de junio de 2016, en un ordenamiento no vigente a esa fecha, por lo que la decisión careció de sustento legal.

Encontró que la empresa Cepra presentó información falsa para acreditar los 902 centros de servicio ofrecidos, situación que favoreció a este proveedor para la adjudicación del contrato; a pesar de lo anterior, el órgano interno de control en el SAT dictó el acuerdo por el que ordenó archivar el asunto como concluido, ya que determinó que el proveedor no fue administrativamente responsable.

Lo mismo hizo el contralor con otras dos empresas investigadas, pero la ASF concluyó que de esta situación se advierte que podría haber repercusiones económicas para el SAT.

Esto porque, agregó, uno de los requerimientos de la licitación fue que las certificaciones del personal para demostrar especialización y competencias debían tener una traducción simple al idioma español, pero Cepra los presentó en inglés.

Además, los equipos que entregó no contaban con el puerto para incorporarse a la base de acoplamiento y las pantallas no cumplían con la norma oficial mexicana; determinó deducciones por cobrar de 540 mil pesos y 65 millones de pesos en penalizaciones por retrasos en la entrega de productos e inicio tardío en la prestación de los servicios. No obstante, sólo se recuperaron 340 mil pesos.