Tijuana, BC.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ha documentado desde enero 120 asesinatos de mujeres en este municipio, lo que ha reavivado la exigencia de que se declare alerta por violencia de género, pese a que hace dos años la Secretaría de Gobernación recomendó no aplicar la medida en la entidad.

Durante la sesión de cabildo del 20 de octubre pasado, un regidor propuso solicitar la declaratoria, pero el presidente municipal, Juan Manuel Gastélum Buenrosto, respondió que era “un tema equis” (irrelevante).

La PGJE investiga como feminicidios 13 de los 120 crímenes contra mujeres, pero no se requiere una cantidad en particular para solicitar la alerta.

Marlene Solís, investigadora de El Colegio de la Frontera Norte (Colef), refirió que ha habido ataques brutales, como el que sufrió Karen Flores, quien murió un mes después de que, junto con su hijo, fue quemada por su pareja, detenida apenas en octubre.

En octubre hubo otras dos agresiones contra mujeres que también fueron quemadas por sus parejas, que continúan en libertad.

Necesitamos redoblar esfuerzos, porque las alertas en los estados no están deteniendo los feminicidios, consideró la también profesora del Departamento de Estudios Sociales del Colef.

En Baja California no existe una organización civil que documente los feminicidios, la cual podría solicitar la declaratoria con base en un registro de casos. Luego un grupo de trabajo revisaría la petición y haría recomendaciones.

Según la autoridad, la mayoría de las 120 mujeres asesinadas estuvieron involucradas en delitos.

El primero de noviembre, el alcalde Gastélum declaró que la mayoría de las víctimas participaban en el trasiego de drogas o tenían relación sentimental con alguien dedicado a esa actividad. De acuerdo con el funcionario, los crímenes no están motivados necesariamente con el género de las víctimas, sino que cada una de ellas es un individuo más de la sociedad, infringe la ley y tiene que asumir su responsabilidad.

Sin embargo, la investigadora explicó que existe un protocolo para definir si el asesinato de una mujer es feminicidio, que incluye, entre otras condiciones, si la víctima tiene relación sentimental o de parentesco con el victimario, si hay abuso sexual o de otro tipo o si existe trata. Si las mujeres que están en el narco son asesinadas por sus parejas, que también están en esa actividad, eso tendría que ser feminicidio.

La investigadora insistió en la necesidad de crear una contraloría social que dé seguimiento a los protocolos sobre cómo clasificar los asesinatos de mujeres y los feminicidios, para evitar que sean ocultados, aunque también insistió que es algo muy difícil de documentar.