Pronto serán tres años desde que una explosión de gas LP destruyó el Hospital Materno Infantil Cuajimalpa, en el pueblo El Contadero de esa delegación. Hubo cinco muertos, decenas de heridos y un espanto nacional. A las cicatrices y los traumas del hecho mismo pronto se sumó la resistencia contra las pretensiones gubernamentales de edificar un nuevo hospital en el mismo terreno y en otros aledaños, en el centro de este poblado de las afueras de la Ciudad de México.

Los vecinos se han amparado, sin éxito hasta ahora, pero insisten. No rechazan el hospital, sólo demandan que se edifique en una parte adecuada y accesible para los futuros usuarios. En la delegación Cuajimalpa hay grandes espacios desocupados o medio utilizados, propiedad de la ciudad, el Ejército y otras dependencias federales, y son accesibles desde la carretera Toluca-México.

Bernar Flores, aunque es arquitecto, representa legalmente a los miembros de la localidad en su compleja lucha, para impedir que el nuevo nosocomio se levante en los mismos terrenos del anterior. La Jornada recorrió El Contadero con Flores, quien señaló en entrevista: “El pasado 25 de octubre el juez primero de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México tuvo que admitir otro amparo contra la construcción del hospital ‘en representación del pueblo indígena de El Contadero’.

Actuación ilegal

Un tribunal colegiado consideró válido nuestro señalamiento de que el juez Gabriel Regis López actuó ilegalmente al no reconocer a los quejosos como personas indígenas por autoadscripción de El Contadero, uno de los 143 pueblos originarios de la Ciudad de México reconocidos oficialmente.

De acuerdo con Flores, él mismo originario de esa comunidad, “la primera demanda de amparo, presentada en febrero, documentó la ilegalidad de la construcción del hospital, puesto que los gobiernos de la ciudad y federal omitieron la consulta ‘previa, libre e informada tendiente al consentimiento’, a la que están obligados según la nueva Constitución”, e invocaba los derechos de los pueblos indígenas que reconocen la ley federal y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Otra cosa que el gobierno de la Ciudad de México omitió fue la manifestación de impacto ambiental. El amparo de El Contadero remite a las leyes en ese campo. El defensor remarca: La construcción del hospital violaría la Ley General de Salud, al ser autorizado por la Secretaría de Salud y avalado el financiamiento por el Seguro Popular, puesto que dentro de los dos predios donde se edifica desde el 15 de diciembre de 2016 hay una avenida de agua (un río). El gobierno de la ciudad adquirió dos predios sin acreditar nunca la propiedad de ambos antes de la expedición del certificado de necesidad para la obra. Así, se ocultaron datos que habrían impedido que se aprobara el proyecto.

Los pobladores argumentan que, de acuerdo con el programa delegacional de desarrollo urbano, el uso del terreno proyectado es de centro de barrio, lo cual autoriza diversos usos, mas no para hospitales y centros médicos. Flores agrega que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda negó haber otorgado la manifestación de impacto urbano para edificar un nosocomio. Si se construye el Hospital General de Cuajimalpa donde se pretende, desaparecerá El Contadero en su estructura original, advirtió Flores.

La localidad fue fundada por los mexicas hace más de 700 años, antes que Tenochtitlán, y su población está integrada de forma contradictoria. Es reconocida como pueblo originario, y buen número de sus habitantes son pobladores originarios de clase trabajadora, indígenas por origen o autoadscripción (figura reconocida en la ley), mientras en callejones apartados viven algunas de las familias más ricas del planeta. Aquí tienen propiedades los Slim, y entre los residentes hay nombres como Azcárraga (aunque el castillo de El Tigre está deshabitado), Servitje, Serra Puche, Cañedo, Muciño... y por los caminos todavía cruzan rebaños de borregos.

El pueblo perdería un jardín de niños de la Secretaría de Educación Pública, el Centro Comunitario de Artes y Oficios, un foro público, un expendio de Prospera, casas, áreas verdes y más de 100 árboles. La calle 16 de Septiembre devendría una avenida de cuatro carriles. El colapso vehicular parece garantizado.

Flores insiste: “La construcción del Hospital General de Cuajimalpa es inconstitucional y viola múltiples derechos de El Contadero, dentro del territorio del pueblo indígena, originalmente llamado Nepopualco (‘contadero’ en náhuatl)”. El Poder Legislativo, remata, ha omitido crear la ley que reglamenta el artículo segundo constitucional, que reconoce los derechos indígenas, entre éstos el de consulta y consentimiento previo, libre e informado. Los gobiernos federal y local no consultaron a la población, y el juez sistemáticamente se ha negado a reconocer los derechos indígenas de El Contadero, así como a suspender los actos reclamados, aun cuando en tres ocasiones los tribunales colegiados lo han reconvenido por violar la Constitución y la Ley de Amparo.

El hospital proyectado no es el único reto de este pueblo, mezcla de barrio y zona residencial exclusiva, vecina del Desierto de los Leones. Hoy es evidente el impacto ambiental y de movilidad que causan la explosión inmobiliaria y la devastadora construcción en curso del tren interurbano.