El gobierno mexicano observó graves deficiencias en su estrategia contra la corrupción, de acuerdo con un reporte clasificado visto por Reuters, que fue preparado antes de una evaluación internacional a sus esfuerzos por combatir el lavado de dinero.

El documento calcula que el narcotráfico, los delitos fiscales y otros crímenes generan al menos 1.13 billones de pesos cada año (unos 58 mil 500 millones de dólares), monto que además es susceptible de ser sometido a lavado de dinero.

En octubre de 2016, el gobierno publicó una versión oficial mucho más breve de los hallazgos, en la que describió el riesgo de lavado de dinero sin dar detalles.

Los fondos ilícitos identificados en el reporte clasificado equivalían a 6.6 por ciento del producto interno bruto (PIB) en 2014, cuando se recopilaron los datos, aunque el informe no incluyó ninguna previsión del monto generado por la corrupción y varios otros delitos.

El reporte de 321 páginas fue preparado en anticipación a una evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), asociación de agencias de gobiernos dedicadas a combatir el lavado de dinero.

Se considera que la amenaza que representan los recursos ilícitos susceptibles de ser lavados en México generados dentro de la jurisdicción es alta, dijo el reporte, resaltando con mayúsculas y negritas la palabra alta.

El gobierno dijo esta semana que la evaluación del Gafi, que no se ha difundido, mostró que México había mejorado significativamente desde que el país fue evaluado en 2008. El grupo no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Se trata del primer reporte muy detallado realizado por un gobierno en México sobre el tema, dijeron expertos.

El informe, elaborado con datos gubernamentales y pesquisas independientes, forma parte de una investigación más amplia sobre recursos ilícitos en el país.

El gobierno concluyó que México necesita mecanismos más eficaces para prevenir y combatir la corrupción, incluyendo leyes que completarán el Sistema Nacional Anticorrupción.

Reuters contactó a las secretarías de Hacienda, de Gobernación, de la Defensa, de Marina, la Procuraduría General de la República y el Banco de México, identificados como contribuyentes al reporte. Representantes de algunas carteras declinaron a hacer comentarios y otros no respondieron.

Tema culural

El reporte instó al gobierno a estandarizar los códigos penales estatales para eliminar diferencias en cómo las autoridades encaran la corrupción y mejorar la colaboración entre los responsables de aplicar una política pública y de la recolección de datos.

La estrategia del gobierno debería ser revisada para diseñar una política pública que mejore el conocimiento del fenómeno de la corrupción en México, dijo el reporte.

En las últimas décadas, escándalos de corrupción han alcanzado a importantes políticos de México, que ocupa el puesto 128 de 137 países en la categoría de ética y corrupción en el Índice de Competitividad Mundial 2017-2018 del Foro Económico Mundial.

El presidente Enrique Peña Nieto ha sido criticado por explicar que el problema de la corrupción es un tema cultural en México. Asociaciones civiles y legisladores de oposición dijeron que minimizó la gravedad de la situación y la responsabilidad del gobierno de solucionarlo.

Los delitos fiscales representan la mayor fuente de la riqueza ilícita, según el informe del gobierno, con 484 mil millones de pesos, seguida por el tráfico de cocaína y mariguana con 404 mil millones de pesos.

El reporte omite en sus cálculos el tráfico de heroína y metanfetamina –parte medular del lucrativo negocio de la venta de droga de las bandas mexicanas–, ni delitos de cuello blanco, como malversación de fondos públicos, uso indebido de información confidencial y privilegiada y manipulación del mercado de valores, trata de personas y armas, robo de materiales y explotación sexual. Los resultados, aunque incompletos, contrastan con el monto de dinero asegurado en los últimos años. Según datos oficiales, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada incautó 11.4 millones de dólares y 543.2 millones de pesos en el combate del lavado de dinero entre septiembre 2015 y julio 2016.