l estado de Río de Janeiro, la segunda economía de Brasil, tiene un gobernador, Luiz Pezão, que no controla a la Policía Militar (PM). Casi todos los batallones son comandados por algunos diputados provinciales que, a su vez, tienen algún tipo de vínculo con criminales. Casi todos reciben coima (mordida) del narcotráfico. Los mancomunados con los cárteles sabotean operaciones de la misma PM, además de frustrar acciones conjuntas con la participación de la Policía Federal, la Policía Civil y las Fuerzas Armadas.

Esas afirmaciones no llegaron a sorprender a la opinión pública, que desde la virtual quiebra del estado, hace poco más de un año, vive bajo el dominio de la violencia criminal y de la inepcia de la fuerza responsable por la seguridad.

Lo que sí sorprendió fue que hayan partido del ministro de Justicia, Torquato Jardim. Luego se supo que, en realidad, esa es la opinión de todo el gobierno.

La única salida sería una intervención federal en el estado, algo impensable para un gobierno que, además de rechazado por casi 90% de la población, también está plagado de notorios corruptos.

Con la ciudad de Río de Janeiro viviendo episodios continuos de violencia, a raíz de la disputa entre distintos cárteles por el control de las favelas enclavadas en los cerros, solamente entre enero y septiembre el comercio padeció pérdidas de poco más de 200 millones de dólares. Parte sustancial, casi 40% de ese total, alcanza el segmento de bares y restaurantes, cuya frecuencia nocturna cayó a la mitad. También el turismo retrocedió de manera drástica. A partir de las 11 de la noche calles que solían ser, hasta hace un año, muy agitadas, se ven vacías.

Los números son sobresaltantes: en los primeros nueve meses de este año fueron 4 mil 974 víctimas fatales, entre latrocinios, homicidios y otros crímenes. En las carreteras del estado de Río se registraron 7 mil 607 robos a cargas de camiones. La Policía Militar, conocida como corrupta, mató 813 personas entre enero y septiembre de este año. En el mismo periodo del año pasado, habían sido 636. Hasta el 31 de octubre, 114 policiales militares fueron muertos, y al menos 136 expulsados de la corporación por corrupción o robo.

Las encuestas indican que 67% de los moradores de la región metropolitana de Río de Janeiro escucharon al menos un disparo de arma de fuego en los últimos tres meses. Hay días en que se registran hasta 11 enfrentamientos a tiros entre pandillas rivales o éstas y policías.

En lo que va del año, casi 430 mil estudiantes tuvieron clases suspensas por razones de seguridad.

La actual temporada de violencia extendida empezó en la madrugada del domingo 17 de septiembre, cuando un grupo de entre 60 y 90 hombres invadió la Rocinha, la más poblada y famosa favela de Río de Janeiro. Era un intento de retomar el control del tráfico de drogas de la comunidad implantada en plena zona sur de la ciudad, donde viven los ricos más ricos.

Al mediar la tarde del viernes día 22 el Ejército empezó a ocupar la favela. Protegidos por tanquetas, camiones cargados con casi mil soldados subieron por las calles y callejuelas del cerro.

Todo un espectáculo, por cierto. Los soldados se quedaron en la favela una semana, días y noches de tiroteos intensos, algunos con más de media hora de duración. Luego se fueron.

Durante la semana de ocupación, y pese a los tiroteos, un único ramo de comercio no fue interrumpido: la venta de drogas.

Lo cotidiano de los habitantes de la Rocinha es tremendo: dominados por un traficante autoritario y violento, que además de extorsionarlos suele reaccionar, cuando contrariado, ordenando penalizaciones que van de la amputación al estupro, pasando por sesiones de tortura y fusilamiento. Algo cotidiano, a propósito, que se repite –a veces de manera más perversa– en casi todas las favelas de la región metropolitana de Río.

Un estudio conjunto de los servicios de inteligencia de la policía de Río y de las Fuerzas Armadas indica que existen en la región metropolitana mil 25 favelas, y que el narcotráfico está instalado en 850 de ellas. La población total es calculada en poco más de un millón y 100 mil habitantes.

Además de los narcos, también están los ‘milicianos’, brigadas formadas por policías de ambas agrupaciones. Los ‘milicianos’ rivalizan con los narcos en los abusos y excesos.

Hace algunos años, el entonces gobernador de Río, Sérgio Cabral, actual residente de un presidio y condenado a más de 45 años de cárcel por corrupción, implantó las UPP (Unidad de Policía Pacificadora).

El proyecto era ambicioso: además expulsar a los narcos, habría toda una amplia oferta de servicios como escuelas, cuadras deportivas, centros culturales, puestos de salud, guarderías. Lo que efectivamente hubo fue la ocupación de las favelas por policiales militares. Todo lo demás quedó en promesa. Con el tiempo, los mismos policías pasaron a ser atraídos por los narcos, con base en el soborno o la amenaza.

La violencia urbana se multiplicó por toda la ciudad, y en las favelas el cuadro es de desesperanza. Líderes comunitarios repiten, en unísono, especialmente en las favelas más pobres, que la tendencia es a empeorar.

Cuando empeora, vienen las Fuerzas Armadas, se quedan un ratito y se van. Y la gente de las favelas vuelve a su cotidiana opresión y miedo.