os adversarios de AMLO nos recuerdan de modo incesante aquello de mandar al diablo a las instituciones. En realidad Andrés dijo: Al diablo con SUS instituciones, es decir, aquellas que encubrieron o validaron el fraude de 2006. Habría que preguntarles a aquellos que aman y bendicen a las instituciones, ¿cómo ven el paisaje institucional de México?

Por lo que toca a la opinión pública, las cosas andan muy mal. En un sondeo sobre la confianza en las instituciones de hace un año, por lo menos la mitad de las importantes, incluyendo a la Presidencia y a la Suprema Corte, resultaban reprobadas (Mitofsky, octubre 2016). Lo más grave fue la caída del INE, que no evitó el fraude en el estado de México, Coahuila y Nayarit, y se le considera impreparado para realizar las elecciones en 2018 y dependiente del gobierno ( Reforma, 20/junio/2017).

Parece que el autor principal de la destrucción de las instituciones, es decir el agente activo que las arruina, es el propio presidente de la República. Esto resulta evidente en cuanto a la procuración de justicia. Hoy, por ineptitud o por mala fe, se ha dejado sin titular tanto a la PGR como a la fiscalía electoral. Y en esta última área las cosas son graves, porque el fiscal, que ha sido defenestrado, apuntaba a los sobornos de Odebrecht, cuyo caudal fue utilizado en la elección del propio Peña Nieto. El asunto no ha terminado bien, porque todo el mundo supone que Nieto Castillo fue obligado, bajo amenazas, a tirar la toalla. Por otro lado, la PGR está desarticulada y corrompida.

La lista de ataques presidenciales a otras instituciones es impresionante: la Secretaría de la Función Pública (por la Casa Blanca de las Lomas), la Secretaría de Gobernación (por Nochixtlán y Ayotzinapa), la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (por el socavón de Cuernavaca y sus relaciones con contratistas), el Inegi (por la imposición de un titular sin méritos), la Suprema Corte (por la negativa a la consulta popular en materia energética), etcétera.

Todos los deterioros se suman a los problemas económicos y a la inconformidad creciente. El fin de sexenio se nos anticipa como una ruina. Una paradoja: esto allana la difícil inauguración que tendrá que hacer el presidente sucesor, quien puede convocar a una tarea colectiva, a una gran reforma del Estado.

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