Durango, Dgo.

Un trabajador de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) vendió a un grupo de empresarios terrenos que según un decreto presidencial de 2004 les correspondía a 159 familias, principalmente de jubilados y pensionados de lo que fue Ferrocarriles Nacionales de México (Ferronales), a quienes ahora los quieren desalojar de sus viviendas.

En 1998 desapareció Ferronales; sus 46 pensionados y jubilados en Durango iniciaron los trámites para que se les otorgaran legalmente los terrenos de la empresa donde habían construido sus viviendas. La petición fue aceptada, según se documenta en el Diario Oficial de la Federación, que el 20 de mayo de 2004 publicó el decreto presidencial que les otorga la propiedad.

El decreto estipuló que la SCT sería la encargada de regularizar los terrenos. En 2005 la SCT nombró a un liquidador que se encargaría de legalizar los terrenos a nombre de los 46 ex trabajadores o sus sucesores.

Sin embargo, Jesús Galindo León, de más de 70 años de edad, ex empleado ferrocarrilero, relata que lejos de que por fin tuvieran posesión legal de los terrenos donde construyeron sus viviendas en la colonia La Rielera, el liquidador Alberto Luna Sánchez los vendió en 2009 al grupo empresarial MGM, Grupo Constructor de Durango SRL de CV.

Cuando fuimos a ver qué sucedía nos dijeron que el liquidador vendió las tierras en 16 millones de pesos y a él le ofrecieron un millón de pesos por hacer esta compraventa, comenta el ex ferrocarrilero.

Después de varios años de pelea para que se respetara el decreto presidencial, la Secretaría de Hacienda emitió un acuerdo en 2012 mediante el cual se obliga al comprador a donarles los terrenos que ocupan sus viviendas a 46 de las 167 familias que habitan esta colonia.

Sin embargo, agrega Galindo León, eso no ha sucedido y hace unas semanas los compradores ordenaron el desalojo de todas las viviendas asentadas en La Rielera.

Esta gente mandó hasta policías para tratar de asustarnos pero nosotros no nos dejamos y sólo tumbaron una vivienda y no dejamos que continuaran, comentó. Desde entonces están en constante vigilancia de sus hipotéticos terrenos.

Jesús Gilberto Valadez Ochoa, representante legal de los pensionados, asegura que se han interpuesto 60 denuncias y desde la primera vez dejaron de aparecerse patrullas y personas con maquinaria para derribar las viviendas.

Sin embargo las amenazas y las presiones no cesan y todos los días vía telefónica les hablan para asustarlos y decirles que mejor acepten los 15 mil pesos que les ofrecen para que compren un lote en cualquier otro lado.

Valadez Ochoa pidió la intervención del gobernador José Aispuro Torres para que no ser desalojados.