Madrid.

La Audiencia Nacional española emitió este viernes órdenes de búsqueda y captura contra el cesado presidente catalán Carles Puigdemont y cuatro ex consejeros de su gobierno regional, quienes se encuentran en Bélgica y no acudieron a su cita ante el tribunal.

Los ex dirigentes catalanes son investigados por la presunta comisión de los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos, al igual que otros nueve ex consejeros, quienes se encuentran en prisión provisional incondicional por órdenes de la juez Carmen Lamela, excepto uno, quien pudo salir bajo fianza.

En la capital belga, donde se refugió desde el domingo pasado, Puigdemont aseguró que está dispuesto a ser candidato desde el extranjero en los comicios autonómicos del próximo 21 de diciembre, convocados por el Ejecutivo español y que en un primer momento el movimiento independentista no les dio legitimidad.

Mientras, en Madrid, nueve de sus colaboradores más cercanos pasaron su primera noche en prisión. Uno de ellos, Santi Vila, salió en libertad tras pagar una fianza de 50 mil euros. Era el único que tenía esa salvedad.

Mientras, la maquinaria de los partidos catalanes, independentistas y unionistas, intentaron ponerse en marcha con la vista puesta en las elecciones. La crispación, la tensión y el enfrentamiento va en aumento en Cataluña. El envío a la cárcel por la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, de nueve miembros del gobierno, entre ellos el vicepresidente y máximo líder del histórico partido Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, ha hecho que se intensifique la movilización y que la región se llene de pancartas, mensajes de protesta y caceroladas para exigir la libertad de los presos políticos.

Cataluña se encuentra en una situación de excepción desde el pasado 27 de octubre. Ese día el Parlamento catalán declaró la independencia unilateral y la entrada en vigor de una nueva legislación, la de transitoriedad, que de inmediato fue anulada y neutralizada por la aprobación en el Senado español de la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Esa normativa dio facultades al gobierno español, del derechista Mariano Rajoy, para adoptar de urgencia al menos tres medidas contundentes para eliminar el proyecto de secesión impulsado por Puigdemont desde hace tres años: destituir a todo el gobierno catalán, con lo que los ministros españoles de cada ramo asumieron las carteras huérfanas; crear una comisión en el Senado para controlar las actividades parlamentarias en Cataluña y, por último, disolver el Parlamento y convocar a elecciones.

De manera paralela, desde el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional se admitieron a trámite querellas presentadas por la Fiscalía General del Estado contra el gobierno de Puigdemont y contra la Mesa del Parlamento, precisamente por las acciones que culminaron con la declaración unilateral de independencia, que supuso el no acatamiento de los autos emitidos en los pasados dos años por el Tribunal Constitucional. Por esos hechos, la Fiscalía los acusó de los delitos de rebelión, sedición, malversación de fondos públicos y cohecho.

Precisamente la gravedad de los ilícitos, el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas fueron los argumentos de la juez para enviar a prisión a los nueve integrantes del gobierno, quienes se suman así al encarcelamiento del pasado 16 de octubre de los líderes civiles del independentismo Jordi Sánchez y Jordi Cruixart, acusados de sedición.

Puigdemont se encuentra en Bélgica, pero no se sabe hasta cuándo, ahora que la Audiencia Nacional ya emitió la solicitud de detención en contra de él y de los ex consejeros Meritxell Serret, Lluís Puig, Toni Comín y Anna Ponsatí, quienes están con él.

En entrevista con la televisora pública belga, Puigdemont aseveró que es posible que sea candidato a la presidencia de Cataluña desde el extranjero y rechazó haber escapado del país. No he huido, subrayó. Agregó: Es imposible preparar bien la defensa en España.

El único aprehendido que tenía derecho a fianza, Santi Vila –quien dimitió un día antes de la declaración de independencia, porque siempre mantuvo una línea crítica con la unilateralidad–, salió de la cárcel de Estremera –donde se encuentran todos ellos– tras depositar 50 mil euros de fianza.

A su salida apeló a todas las autoridades e instituciones del Estado para acabar con esta situación terrible y desoladora. Aseguró que la prisión incondicional es una medida extremadamente dura que no entiende ningún demócrata del mundo.

La Comisión Europea respeta la ley española

A pesar de la indignación que provocó la decisión judicial de enviar a prisión a nueve miembros del gobierno catalán y la inminente orden de búsqueda y captura contra los cinco que están en Bélgica, la Comisión Europea aseguró que es una cuestión para las autoridades judiciales españolas. Respetamos su independencia, respetamos completamente el orden constitucional en España.

El movimiento independentista catalán ha solicitado en diversas ocasiones y por diversas vías la intermediación de las autoridades europeas en la crisis. De hecho, en un principio el viaje de Puigdemont a Bruselas tenía la intención de que se internacionalizara más el conflicto si se encontraba en Bruselas, donde está la mayoría de las instituciones comunitarias.

Pero la mayoría de los países más influyentes del bloque y sus instituciones han cerrado filas con el Estado español y sostienen que los independentistas catalanes deben enfrentar las consecuencias de una independencia unilateral en la comunidad, que supondría su salida de la Unión Europea.