n juzgado de la Audiencia Nacional de Madrid decretó ayer la prisión sin derecho a fianza en contra del vicepresidente de la Generalitat catalana, Oriol Junqueras, y de siete consellers (ministros) del gabinete del presidente Carles Puigdemont por los cargos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos, imputaciones que en conjunto podrían traducirse en condenas de hasta 25 años de cárcel según la legislación española vigente. Santi Vila, ex titular de Empresa de la institucionalidad de Cataluña, recibió el beneficio de libertad bajo fianza porque dejó su cargo un día antes de la proclamación de la independencia catalana, impugnada por Madrid, aunque tendrá prohibido salir del país y deberá presentarse cada dos semanas ante un juzgado.

a agitación política en el Senado amenaza la gobernabilidad del país. Estando pendientes ciertas iniciativas legislativas, esa convulsión ha revelado condicionantes que no fueron sopesadas antes y hoy obligan a reflexionar sobre su naturaleza, alcance y oportunidad. Los efectos de esas iniciativas en un ambiente convulso son altamente significativos, por el bien o el mal que pudieran acarrear. Los efectos podrían ser:

róximamente, el primer tribunal colegiado en materia civil del primer circuito tomará la decisión de sostener o no la medida precautoria provisional que ordena a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) abstenerse de otorgar nuevos permisos de siembra comercial de maíz transgénico a cielo abierto en México y de dar trámite a permisos, mientras proceda el juicio principal. Este juicio es producto de la demanda colectiva de carácter difuso y con pretensiones declarativas para proteger la biodiversidad del maíz nativo mexicano, admitida hace cuatro años. La decisión del primer tribunal colegiado es crucial, porque suspender la medida precautoria podría equivaler al triunfo definitivo de los intereses de la industria transgénica multinacional (ITM). Aunque sólo durara horas esa suspensión, se correría el riesgo de que el otorgamiento de los permisos ocurriera en cascada. Tal es así, porque la presentación de las solicitudes de siembra de maíz transgénico a escala comercial y parte de su procesamiento precedieron a la medida precautoria. Además, Sagarpa y Semarnat han litigado al lado de esos intereses multinacionales durante los cuatro años que ha durado la demanda colectiva, y no es improbable que ya existieran planes contingentes. Hay un escenario catastrófico en el que esos permisos permitieran que el millón y medio de hectáreas de siembra de maíz de riego de tipo empresarial, hasta ahora no transgénico, fuera sustituido por maíces transgénicos de manera irreversible, en un par de años. El argumento favorito-colonialista de la ITM es que sería mejor para México producir localmente los 11 millones de toneladas de maíz transgénico que se importan cada año. Esta es una verdad a medias que les ha funcionado con interlocutores poco informados. La producción empresarial de maíz no transgénico de riego de México ya opera cerca de su potencial productivo actual. Como es admitido por ambas partes, la tecnología transgénica no logra rendimientos mayores, por lo que la sustitución equivaldría a dejar de producir maíz no transgénico, habiendo de importar los mismos montos de maíz transgénico. No hay en el mercado internacional maíz blanco no transgénico para surtirnos.