Sin la existencia de elementos que la incriminaran realmente, la policía ministerial Lorena González Hernández fue acusada de participar en el secuestro y asesinato del hijo del empresario Alejandro Martí, ocurrido en 2008, y pasó siete años en la cárcel antes de recuperar la libertad, cuando la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México admitió que no tenía pruebas en su contra.

A un año y medio de que obtuvo la libertad, González Hernández exige que le otorguen la reparación integral por el daño tanto moral como económico que sufrió, explicó el equipo jurídico de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), organismo que acompaña la petición de Lorena.

En entrevista con La Jornada, los litigantes encargados del caso recordaron que la mujer –quien desempeñaba funciones administrativas en la extinta Agencia Federal de Investigaciones– fue citada por sus superiores el 5 de septiembre de 2008, sólo con una orden de presentación, para que declarara en relación con el caso del secuestro y homicidio de Fernando Martí.

Minutos después de acudir a la cita y aclarar que ella no sabía nada acerca del tema, González Hernández se enteró de que también se había girado una orden de detención en su contra y de inmediato fue llevada a una conferencia de prensa donde la presentaron como presunta integrante de la llamada Banda de la Flor.

Además de lo anterior, durante el proceso jurídico hubo varias irregularidades, como el hecho de que se confrontara a la mujer con supuestos testigos del secuestro de Fernando Martí, sin contar con la asesoría de un abogado, y que se aceptara una declaración del chofer del joven secuestrado contra Lorena González, la cual fue obtenida mediante un proceso de hipnosis.

Ya con González presa, la procuraduría capitalina admitió que uno de los testigos que señalaban a la mujer como responsable del secuestro del hijo de Martí no aparecía en ningún registro oficial de gobierno –lo que hace pensar que había presentado una identificación falsa–, y dio a conocer que había perdido unas grabaciones de audio que supuestamente la incriminaban.

Tras un prolongado proceso, en julio de 2015 Lorena González fue puesta en libertad, después que las autoridades acusadoras no lograron comprobar ningún cargo en su contra.

El equipo jurídico de la CMDPDH detalló que un juez ya le otorgó un amparo a Lorena González para que la procuraduría capitalina responda a su demanda de reparación integral del daño, por la estigmatización que sufrió al ser señalada como secuestradora y por las afectaciones económicas que le generaron los siete años que pasó en la cárcel.