El incautamiento de mil 500 cajas de seguridad en Quintana Roo es parte de una investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) por delitos por delincuencia organizada y contra la salud, relacionada con Leticia Rodríguez Lara, Doña Lety o La 40, identificada como líder de un cártel de la droga que opera en esa entidad.

Rodríguez Lara, originaria de Veracruz, es señalada de formar parte de una organización delictiva que controla la venta de droga, secuestros y extorsiones en la zona hotelera y turística de Cancún, así como de disputar la plaza a cárteles como Jalisco Nueva generación, Los Zetas y del Pacífico. Las autoridades federales le adjudican el ataque a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en enero de este año.

De acuerdo con fuentes ministeriales, todas las cajas, que eran custodiadas por la empresa First National Security, ya fueron abiertas y se han encontrado evidencias que confirman los nexos con el crimen organizado.

La indagatoria sí es por delincuencia organizada

En entrevista, el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), Israel Lira Salas, dijo que no puede informar quién es el objetivo de la indagatoria, pero que sí está relacionada con el crimen organizado y delitos contra la salud, por lo que se descartó que la diligencia esté dirigida contra el ex gobernador Roberto Borge.

“Puedo decir que lo que hemos encontrado nos corrobora que las diligencias que habíamos practicado y las informaciones que teníamos de inteligencia son correctas; que sí tenemos evidencia relacionada con los delitos que estamos investigando que son delitos graves, cuestiones relevantes y todo eso lo vamos a hacer del conocimiento de la autoridad judicial.

Se trata de una investigación de delincuencia organizada y delitos contra la salud, sostuvo Lira Salas.

El funcionario aclaró que la apertura de las cajas de seguridad se hizo conforme a la ley y con una orden de cateo otorgada por el juez en turno especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Quintana Roo, antes de la suspensión provisional que recibieron las personas que acusaron la incautación de sus bienes y evitar que esos objetos fueran trasladados a la Ciudad de México.

Explicó que por el momento no llevarán las cajas a la capital del país y pidió a las personas afectadas que tengan paciencia con las pesquisas que realiza su personal en las instalaciones de la compañía.

“La autoridad judicial dice: ‘te concedo la suspensión para, en caso de (aquellas cajas) que no estén abiertas o no se hayan trasladado, pues no hacerlo, pero si ya se hizo antes de la suspensión ya no surte ningún efecto, no hay ningún desacato, porque nada se ha hecho después de que se hubieran otorgado las suspensiones’. Provisionalmente y en lo que se decide si se concede la suspensión definitiva y después el amparo de fondo, el contenido de las cajas debe permanecer ahí (Quintana Roo).

No vamos a hacer el traslado de ninguna de las cajas hasta que no estemos seguros; que la gente esté tranquila, sus pertenencias no vienen para acá y las van a recuperar, manifestó.

First National Security, que resguardaba los bienes, niega que trabaje junto con la autoridad

Patricia Vázquez, corresponsal

Cancún, QR.

El abogado de First National Security, Alfredo Cuéllar, manifestó que es falso que personal de la empresa trabaje en coordinación con la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) para abrir las mil 500 cajas de seguridad incautadas, como afirmó el titular de esa depedencia, Israel Lira Salas.

Dichas cajas fueron incautadas por la Procuraduría General de la República (PGR) como parte de las investigaciones que realiza contra el ex gobernador priísta de Quintana Roo Roberto Borge, y se encuentran en las instalaciones de First National Security, donde se les ubicó.

Cuéllar señaló que la compañía y los usuarios –quienes exigen que se garantice el resguardo de sus bienes, e incluso el miércoles entregaron una carta al presidente Enrique Peña Nieto para pedir su apoyo– quedan en total indefensión.

Subrayó que las oficinas de First National Security están aseguradas y no hay información disponible sobre quién o quiénes resguardan los bienes, además de que habrá cinco días de asueto para los juzgados, tiempo que puede ser aprovechado por la Seido para realizar las acciones que le parezcan.

En entrevista con un medio de comunicación nacional, Lira Salas indicó que hay información que apunta a que la búsqueda que realiza la Seido sobre la participación de la delincuencia organizada es real, pero tienen que revisar cada una de las cajas, porque con toda seguridad existe más información oculta.

El abogado de First National Security mencionó que presentaron una solicitud de amparo por la forma arbitraria, al revés, como se están desarrollando las indagatorias, pero desde el miércoles los juzgados dejaron de laborar y será hasta el próximo lunes cuando reanuden actividades, lapso en el que, consideró, los afectados quedan en total indefensión.

Hasta ahora no han logrado nada por la vía legal; por el contrario, hay información confusa o imprecisa por parte de las autoridades, como el argumento de que la empresa está colaborando en la apertura de cajas, lo cual es totalmente falso.

Incluso, agregó, personal de First National Security ofreció su apoyo para colaborar en la apertura con la finalidad de agilizar el proceso y garantizar que los artículos en prenda continuarán en su lugar, pero no recibieron respuesta.

Precisó que hasta ahora 10 de los afectados obtuvieron del juzgado séptimo de distrito, con sede en Cancún, suspensiones provisionales contra la incautación y para que las cajas permanezcan en Cancún.

El abogado afirmó que las arbitrariedades legales ya hicieron estragos en el negocio de su cliente –el dueño de la compañía, Santiago Ancona–, pues los usuarios afectados le informaron que en cuanto sean liberadas las cajas de seguridad, de inmediato retirarán sus pertenencias. Yo haría lo mismo, concluyó.