El negocio de la reconstrucción
Una propuesta en la ALDF
Constructores intocables
espués del enorme dolor que causaron los desastres naturales, así como el descuido y la corrupción, el otro capítulo en la historia de la desgracia es la reconstrucción, y en esa historia hay tantos relatos que es muy difícil señalar uno en particular, pero a veces, la falta de una idea clara obliga a los funcionarios encargados de alguna parte de esa tarea a buscar salidas erróneas que brillan por lo absurdo.
Por todos lados se tiene claro que uno de los factores que provocaron la muerte de muchas personas durante el sismo del 19 de septiembre fue la mala construcción de los edificios, que terminaron por caer. El argumento oficial dice que la mayoría de derrumbes se vivió en los inmuebles que se construyeron antes de 1985, es decir, cuando no existía un reglamento de construcciones.
No obstante, también se vinieron abajo tanto edificios nuevos como algunos –tres, cuando menos– que se hallaban en fase de preventa. Esto nos habla de que en todas esas obras se pudo haber cometido o se cometió –las autoridades tienen la palabra– un fraude que costó, en el mejor de los casos, el patrimonio de los que compraron un departamento, y en el peor, terrible, la vida.
Una de las soluciones que hoy sostiene la autoridad, y que parece una locura, es la que se explicó ayer en la Asamblea Legislativa, que consiste, sólo para los casos de condominios, en que allí, donde se vino abajo una construcción, se erija un nuevo inmueble, pero con 35 por ciento más de departamentos, para que sea ese excedente el que financie la reconstrucción total.
La propuesta parece de locos porque sería construir en el mismo sitio sin tomar en consideración las nuevas condiciones del suelo, y, al parecer, bajo el mando de la misma firma que mal realizó el primer trabajo; es decir, se tratará de perfeccionar el error para que sea más catastrófico.
Total, de lo que se habla es de llevar a los constructores, otra vez, a realizar un gran negocio, aunque en ellos recaiga buena parte de la responsabilidad del desastroso resultado del fenómeno natural, y ni de casualidad se piensa en someter a quienes no hicieron su trabajo profesionalmente a pagar, con la reconstrucción total, lo que se vino abajo. Nos referimos, claro, a ese 6 por ciento de edificaciones nuevas que cayeron.
Pero el asunto es que a los constructores no se les toque ni con el polvo de un ladrillo; por el contrario, a quienes compraron de buena fe se les obligue a volver a pagar sus viviendas, y en caso de no alcanzar ni con préstamos blandos las cantidades requeridas, perderán todo su patrimonio, o bien se verán obligados a arriesgarse a vivir en una edificación a la que se le añadirá un 35 por ciento más de peso, y que ya colapsó. Eso no es justo.
En más de 800 colonias de las 16 delegaciones se pidieron inspecciones para 17 mil inmuebles. La mayoría, dice la autoridad, no sufrió daños, y sólo uno por ciento del total de las edificaciones que hay en la ciudad se vieron afectados, lo que no debería ser ni orgullo ni pretexto, sino más bien vergüenza, porque ya se ha demostrado que lo que se hizo bien, sigue en pie, y los que lo hicieron mal, tienen negocio en puerta. ¡Qué barbaridad!
De pasadita
En la sesión extraordinaria de la Comisión Política del PRI capitalino, que se realizó ayer, esperanzó más la presencia de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, que se supone está suspendido en sus derechos partidistas, que las promesas sin sustento de Eruviel Ávila, quien demostró cómo una entidad de la República, el estado de México, puede ser más violenta, más pobre, más atrasada, pero puede ganar una elección para su partido.
Pero la preocupación de todos, y muy en serio, es: ¿de dónde sacaran a los candidatos para jefe de Gobierno, senadores, diputados locales y federales, y 16 que quieran competir para alcaldes de las hoy 16 delegaciones de la Ciudad de México, más sus concejales, bajo su bandera? La tarea es titánica y no se le ve futuro. ¡Aguas!
