n uno de sus tantos compromisos (el número 61 en este caso) los abajo firmantes del Pacto por México (signado el 2 de diciembre de 2012) anunciaron que transformarían la minería en una industria eficiente y socialmente responsable, para que sus beneficios incluyan a los habitantes de las zonas donde se establezca. Y la punta de lanza sería una nueva ley en la materia que revise el esquema de concesiones y pagos de derechos federales vinculados a la producción.

Casi cinco años después de dicho compromiso la nueva legislación brilla por su ausencia, el reparto de concesiones mineras (gobierno federal) es para los de siempre, los barones del sector hacen lo que les viene en gana sin consecuencia alguna (recuérdese al tóxico empresario Germán Larrea, quien disemina veneno por toda la República), los premian como próceres de la patria (allí está el caso del totalmente palacio Alberto Bailleres), hacen negocios sucios con las ex paraestatales (Alonso Ancira) y desaparecen comunidades enteras (Salaverna, Zacatecas, por ejemplo, cortesía de Carlos Slim). Qué decir de las empresas canadienses.

En los hechos, lo más lejos que llegaron los pactistas fue la aprobación –en 2013, pero vigente desde 2014– de un derecho especial de 7.5 por ciento a la utilidad derivada de la enajenación o venta de la actividad extractiva, cuya captación se destinaría prioritariamente a los municipios y comunidades donde se ubicaran las explotaciones. Pero, como siempre, una cosa es el show político-mediático y otra, muy distinta, la realidad.

Tras la citada aprobación, los consorcios mineros (con multimillonarias utilidades a costillas de los bienes de la nación) hicieron berrinche y amenazaron con retirar inversiones, cancelar proyectos e irse a otra parte, por no estar dispuestos a ese asalto, según dijeron. Cinco años después, nada retiraron, nada cancelaron y no se fueron a país alguno, porque aquí el gobierno está a su servicio.

¿Y qué sucedió con el cobro del derecho especial? La Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó que ha sido prácticamente inexistente, en comparación con las jugosísimas utilidades obtenidas por los consorcios mineros, y que el principal obstáculo ha sido, ni más ni menos, que la Secretaría de Economía (SE), es decir, la que otorga las concesiones mineras.

Entre otras bellezas, la ASF documentó que la SE no cumplió con la entrega mensual de información sobre el padrón –de por sí no confiable– de concesiones mineras; éste presenta deficiencias en nombres de los titulares de concesiones, RFC, fechas de vigencia y expedición. En manos de 17 por ciento de los concesionarios se encuentra 77 por ciento de las concesiones mineras.

La SE no cumplió con el Acuerdo para el Intercambio de Información, respecto de proporcionar al SAT los concesionarios omisos en la presentación del Informe de comprobación de obras y trabajos de exploración y explotación durante dos años continuos, para los efectos de la comprobación fiscal. Tampoco acreditó las gestiones realizadas para la aplicación de la sanción a titulares de casi 2 mil concesiones que omitieron la presentación de dicho informe. Además, los titulares de cerca de 10 mil concesiones omitieron entregar los informes de ejercicios anteriores a 2016, por lo que se emitieron sanciones, pero no proporcionó evidencia de la notificación, ni del cobro de la multa.

El sistema informático para la administración de concesionarios que emplea la SE está desactualizado, lo que ocasiona que los reportes no sean confiables, y genera un riesgo operativo para la toma de decisiones y para los usuarios de la información, entre los que se encuentra el SAT. Dicha secretaría no ha identificado a los concesionarios mineros, a fin de relacionarlos con las concesiones y con el RFC que administra el SAT, que permita la vigilancia del pago de los derechos sobre minería.

En 2016, la Cuenta Pública reportó ingresos por 2 mil 741 millones de pesos, derivados de la recaudación de los artículos 268, 269 y 270 de la Ley Federal de Derechos, correspondiente a 161 contribuyentes, y de la comparación con los pagos realizados en 2015. Se constató que si bien los tres derechos mineros reflejaron mayor recaudación, se disminuyó la cantidad de contribuyentes que realizaron el pago en los derechos especial y extraordinario entre 1.3 y 70.7 por ciento. Se identificó que de los 161 contribuyentes que realizaron el pago de por lo menos uno de los tres derechos, de 48 no se identificó alguna concesión en el padrón. No se pudo identificar si algún grande contribuyente realizó pagos del derecho adicional sobre minería, por no tener los elementos para verificar la correcta determinación.

Durante 2016, el SAT no informó a la SE respecto de los contribuyes omisos en el pago de los derechos, en incumplimiento de los acuerdos asumidos entre ambos organismos para definir paulatina y consecuentemente los procedimientos de determinación; asimismo, ambas instituciones no han realizado acciones que permitan identificar y sancionar a los concesionarios que han omitido el pago de los derechos sobre minería.

Del total de la recaudación de los derechos especial, adicional y extraordinario sobre minería por 2 mil 743 millones de pesos se comprobó que la SE validó 2 mil 739 millones con la SHCP, debido a que el SAT entregó, hasta enero de 2017, el informe de la recaudación de diciembre de 2016. El 80 por ciento se destinó al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, de los cuales, se comprobó el envío de mil 272 millones para 822 proyectos en 18 entidades federativas.

La Sedatu, unidad responsable de dicho fondo, incumplió el artículo 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Con la revisión de 17 expedientes de proyectos de cuatro entidades federativas, que administra esa dependencia se obtuvo que carecen, entre otra información, de: programa de ejecución de los trabajos, avances físicos y financieros, actas de entrega recepción y finiquito de la obra, documentación indispensable para comprobar el grado de avance del proyecto, la entrega de la obra y la comprobación del monto total del proyecto. Eso y muchísimo más, en el entendido de que los consorcios no pagan el derecho especial y/o la autoridad respectiva de plano no se los cobra.

¿Y los comprometidos pactistas? Calladitos y con la mano extendida.

Las rebanadas del pastel

Mientras los barones se niegan a pagar (con el consentimiento gubernamental), los paisanos rompen récord: de enero a septiembre de 2017, más de 21 mil millones de dólares en remesas… Ayer el billete verde se vendió a 19.59 pesitos (Bancomer).

Twitter: @cafevega

cfvmexico_sa@hotmail.com