e acuerdo con información publicada en esta edición, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó entre 2013 y 2016 devoluciones a un grupo de grandes contribuyentes por un billón 345 mil millones de pesos, así como condonaciones por 8 mil 168 millones, de los cuales 5 mil 14 (70.3 por ciento) se concentran en sólo nueve grandes contribuyentes. Sólo en 2016 fueron devueltos recursos por un total de 257 mil 674 millones de pesos, 40 por ciento de ellos a un grupo de 15 causantes mayores. Para dar una referencia simple, el monto total de los reintegros en ese periodo de cuatro años equivale a más de una cuarta parte del presupuesto nacional de egresos para 2018 (5 billones 236 mil millones de pesos) y es superior al gasto militar anual de Rusia.

Es claro que las devoluciones fiscales logradas por los grandes consorcios –industrias automotriz, refinación de metales y maquiladoras, principalmente– son muy superiores, en términos absolutos y relativos, a los que obtienen las pequeñas y medianas empresas y los pequeños contribuyentes. La diferencia se explica porque los primeros cuentan con los recursos suficientes para tener despachos externos y equipos internos de contadores y de abogados fiscalistas, porque contratan a ex funcionarios expertos en las complicadas leyes hacendarias y porque poseen una formidable capacidad de negociación y de cabildeo. De modo que mientras mayores sean los recursos financieros de una empresa, menores serán los impuestos que pague.

Un dato revelador, a este respecto, es que, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el SAT pierde de manera recurrente juicios fiscales debido a errores de captura, deficiencias en la notificación o por fallas debidas a la incompatibilidad entre los dos sistemas de cómputo con los que opera, lo que genera un quebranto fiscal incuantificable. Por ejemplo, en auditorías a juicios fiscales con fallo en favor del SAT por 74 mil 456 millones, éste sólo logró recuperar 2 mil 800 millones (3.8 por ciento).

Ante lo astronómico de las devoluciones, las condonaciones y los procesos judiciales perdidos, resulta inevitable sospechar que tales resultados desastrosos para el fisco y jugosos para un pequeño grupo de causantes no siempre se consiguen de manera estrictamente legal y que al menos una parte de las sumas perdidas por el erario son consecuencia de prácticas irregulares o, llanamente, corruptas.

Por otra parte, mientras que las grandes corporaciones exhiben, en lo general, números que reflejan bonanza y crecimiento, muchas pequeñas y medianas empresas enfrentan un panorama económico diametralmente opuesto y en muchos casos se ven obligadas a reducir operaciones, a suspenderlas del todo o, peor aún, a declararse en quiebra, en tanto que profesionistas de la clase media afrontan dificultades crecientes para mantenerse en ella y no descender a la pobreza. La situación resulta exasperante si se considera que son las segundas las que generan el mayor número de empleos.

A lo anterior debe sumarse los gravísimos quebrantos al erario perpetrados por altos funcionarios de los que son botón de muestra los cometidos en Veracruz por la administración de Javier Duarte, la cual desvió en seis años más de 40 mil millones de pesos. Como se informó ayer en estas páginas, la Auditoría Superior de la Federación detectó anomalías por 51 mil millones de pesos en la administración pública de los tres niveles en el periodo de 2016, una cifra que podría parecer pequeña si se le compara con los montos de devoluciones fiscales, pero que, de haberse aplicado a obra gubernamental, habría significado una perceptible mejoría en las condiciones de vida de millones de mexicanos.

Volviendo al punto de las prácticas del SAT, es indiscutible que éstas refuerzan la desigualdad e impulsan una extrema concentración de la riqueza que, a su vez, resulta cada vez más peligrosa para la de por sí precaria estabilidad política, social e incluso económica del país. De ahí la urgencia de iniciar investigaciones administrativas y eventualmente penales en contra de los funcionarios que han permitido semejantes quebrantos al erario y de cambiar las reglas del juego para instaurar regulaciones que aseguren un piso parejo, proporcional y no discriminatorio al cumplimiento de las obligaciones hacendarias.