Medidas excepcionales desde que entró en vigor la Constitución de 1978
Sábado 28 de octubre de 2017, p. 2
Madrid.
Poco después de las tres y media de la tarde y tras un tenso debate, el Parlamento de Cataluña aprobó la moción en la que declaró la independencia unilateral con la que dio paso a la llegada de la nueva república
. El anuncio, que se celebró de forma masiva en las calles y plazas de la región, tuvo respuesta inmediata desde Madrid: el Ejecutivo español, el derechista Mariano Rajoy, informó que había ordenado –gracias a las atribuciones que le otorgó horas antes el Senado español– la destitución de todo el gobierno catalán, el cierre de sus principales oficinas y de sus delegaciones en el exterior, el cambio de la cúpula de la policía autonómica y la disolución del Parlamento para convocar elecciones anticipadas para el próximo 21 de diciembre.
El día señalado para el definitivo choque de trenes entre Cataluña y España finalmente llegó. No hubo diálogo ni negociaciones de última hora para buscar una salida pactada al conflicto. El pasado jueves, después de un último intento de conciliar posturas, se disipó cualquier esperanza. El resultado fue una jornada de cruce de acusaciones y amenazas que finalizó con el gobierno catalán atrincherado en el Palacio de la Generalitat estudiando fórmulas para responder, mientras desde Madrid se aprobaron las medidas más extremas y excepcionales en la historia del país desde que entró en vigor la Constitución de 1978.
El conflicto tuvo dos puntos estratégicos de interés: el Parlamento catalán y el Senado español.
En Barcelona se llevó a cabo el pleno en el que se sometió a votación una resolución pactada entre las fuerzas independentistas, la coalición de Junts pel Sí –integrada por los nacionalistas conservadores del Partido Demócrata de Catalunya (PDCAT) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)– y sus aliados anticapitalistas y feministas de la Candidatura de Unidad Popular (CUP).
La resolución dijo literal: Constituimos la república catalana como Estado independiente soberano, democrático y social
, al tiempo que apelaron a la comunidad internacional
para reconocer
esta nueva figura en la geopolítica internacional.
Los partidos soberanistas justificaron la resolución en el mandato popular
manifestado en el referendo de independencia que se celebró el pasado primero de octubre bajo fuertes medidas policiales y previamente suspendido por el Tribunal Constitucional (TC) por vulnerar los derechos básicos de la Carta Magna.
Aún así, y a pesar de la represión policial ordenada desde Madrid (se informó de casi 900 personas atendidas por los servicios sanitarios), se llevó a cabo la votación. El resultado fue de una participación de algo más de 43 por ciento, al haberse computado 2 millones 324 mil votos, de los cuales 90 por ciento respondieron de forma afirmativa a la pregunta de si querían convertirse en un nuevo Estado en forma de república independiente
.
El referendo, por las propias medidas excepcionales impuestas por el TC y por la presión policial española, no contó con una sindicatura electoral que validara el proceso, el cómputo de los votos se hizo con medios muy precarios y poco fiables, según los propios observadores internacionales que fueron testigos de la votación, y durante la campaña se dio la circunstancia de que sólo hicieron campaña las formaciones que apoyaban la secesión.
Los llamados partidos unionistas
–que representan a alrededor de la mitad de la población– se negaron a participar en un proceso que calificaron de ilegal
y llamaron a sus simpatizantes a no acudir a las urnas.
El presidente de Cataluña, el nacionalista Carles Puigdemont, y su gobierno dieron por válidos los resultados del referendo y presentaron el informe de la votación como base principal de la resolución que dio origen a la declaración de independencia. Y que a su vez se basa en dos leyes –la del referéndum
y la de transitoriedad
o “desconexión– también suspendidas por el TC.
El debate en Barcelona fue bronco, con duras descalificaciones y con una apelación constante a la responsabilidad
en ambos lados. Pero finalmente se votó y se aprobó la resolución por 70 votos en favor, 10 en contra de la marca electoral de Unidos Podemos en la región, y dos abstenciones de dos diputados del bloque soberanista críticos con la estrategia para declarar la secesión.
El resto de los 53 parlamentarios del Partido Popular (PP), Ciudadanos y el Partido Socialista de Cataluña (PSC) se ausentaron de la votación en señal de protesta y para dejar constancia, como hicieron también los letrados de la Cámara, de que la votación había sido declarada ilegal por la resolución del TC, advirtiendo a los diputados de que podrían incurrir en un delito de desobediencia.
En la propuesta se indica que con esta declaración Cataluña restaura hoy (viernes) su plena soberanía, perdida y largamente anhelada, después de décadas de intentar, honestamente y lealmente, la convivencia institucional con los pueblos de la península ibérica
. Señalan que van a impulsar la suscripción de un tratado de doble nacionalidad con el gobierno del Reino de España
, y dictar las disposiciones necesarias para la adaptación, modificación e inaplicación del derecho local, autonómico y estatal vigente antes de la entrada en vigor de la ley de transitoriedad
.
El anuncio fue recibido con vítores y enorme euforia en las calles y plazas de Cataluña. Sobre todo en Barcelona, donde más de 15 mil personas que portaban banderas independentistas se concentraron en el centro de la ciudad para celebrar la llegada de la nueva república
, y para homenajear a sus líderes políticos que los llevaron hasta la conclusión del sueño anhelado de la secesión.
La euforia fue tal que los manifestantes llegaron a quitar de varias sedes de ayuntamientos las banderas españolas y europeas, que colgaban de sus edificios, para dejar en solitario las catalanas.
Puigdemont, quien no habló durante el debate, sí lo hizo después de la declaración: Quiero dirigirles unas palabras que en estos momentos salen de la emoción y del corazón, pero también de la razón y la legitimidad. Hoy el Parlamento ha aplicado un mandamiento legítimo. Ha dado un paso muy esperado y por el que hemos luchado mucho. Hemos validado el mandato emitido en las urnas. Aunque ahora vienen horas en que debemos mantener el pulso de este país, con paz y diálogo
, señaló.
Respuesta contundente
Mientras la gente celebraba la independencia en Barcelona, desde Madrid, en el Senado se llevó a cabo otro largo y tenso debate de más de seis horas para votar la aplicación del artículo 155 de la Constitución. La propuesta hecha por el gobierno español cosechó 214 votos en favor, 47 en contra y una abstención.
El presidente Rajoy defendió la iniciativa con el argumento de que se trataba de una medida excepcional
en una situación de excepción
, que resumió en que un gobierno autonómico se ha saltado la legalidad que nos dimos en la Constitución de 1978
y votó por suprimir la soberanía de todos los españoles
con una declaración unilateral de secesión.
Tras la aprobación en el Senado, Rajoy convocó a una reunión extraordinaria de su Consejo de Ministros para adoptar medidas urgentes para atajar la crisis, bajo el amparo legal de la votación en el Senado.
Cinco horas después de la declaración de independencia, el presidente español compareció para dar la respuesta concreta al desafío secesionista
. Y ordenó la destitución de todo el gobierno de Cataluña, encabezados por el presidente Puigdemont y el vicepresidente Oriol Junqueras. Además disolvió las Cortes catalanas y convocó elecciones autonómicas para el 21 de diciembre.
Las medidas se hicieron efectivas tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado en una edición extraordinaria.
Tras apelar a mantener la serenidad
en estos momentos de ánimos exaltados
, Rajoy explicó que las medidas más urgentes son las siguientes: el cese del gobierno catalán al pleno, la designación de los órganos del Estado que asumirán las competencias de esas carteras, la extinción jurídica y administrativa de las oficinas del presidente, el vicepresidente, de la oficina del patronato de Diplocat, las oficinas de Cataluña en el extranjero (incluida la de México y con la excepción de la que tienen en la Unión Europea y en Madrid, pero cesan a sus delegados), y la destitución del director general de la policía autonómica.
Rajoy también informó que el gobierno había presentado sendos recursos ante el TC para que declare nulas las medidas aprobadas en el Parlamento catalán, que previsiblemente se resolverán el próximo miércoles. Además, anunció la disolución del Parlamento catalán para convocar elecciones autonómicas para el 21 de diciembre, con el argumento de que: El gobierno de España toma las medidas para recuperar la legalidad y para convocar elecciones para que nadie pueda cometer ilegalidades en nombre de la sociedad catalana, pero con urnas legales, las de verdad, las que tienen garantías. Cataluña necesita reconciliarse con la verdad, con la ley y consigo misma. Y el gobierno no quiere dilatar más esa tarea. Por eso he decidido convocar estas elecciones
, señaló el mandatario.
Querella de la fiscalía
La Fiscalía General del Estado español prepara una querella criminal por el delito de rebelión
contra el presidente Puigdemont, y el conjunto de su gobierno por alentar y presentar la iniciativa que derivó en la declaración unilateral de independencia. El aparato jurídico también estudia ampliar esa querella contra los diputados que votaron en favor de la declaración de secesión.
El delito de rebelión
contempla penas de cárcel hasta de 30 años, al ser considerado una falta muy grave contra la legalidad establecida. En este caso se presentará la denuncia ante el Tribunal Supremo, lo más probable el lunes, una vez que se haya perfilado el número de imputados y el contenido de la querella. Lo que sí está claro es que entre las personas que serán acusadas están todos los miembros del gobierno catalán y los integrantes de la Mesa del Parlamento, incluida su presidenta, Carme Forcadell.
