La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) elabora un censo penitenciario sobre personas de esos grupos privadas de la libertad. Ismerai Betanzos Ordaz, directora de Derechos Indígenas, señaló que realiza el levantamiento de información con las comisiones nacionales de Seguridad (CNS) y de los Derechos Humanos (CNDH), además de la Procuraduría General de la República (PGR).

Durante la muestra de la investigación con enfoque de género, diferencial y especializado sobre contextos de victimización, que comprometen, afectan e impiden el ejercicio de los derechos de las personas, pueblos y comunidades indígenas, dijo que en el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) este sector de la población sigue sin tener acceso a la justicia ni intérpretes.

Hablar de los procesos del NSJP, expresó, ha sido complejo, porque el tema indígena llegó tarde. “Se aplicaron las acciones en el Poder Judicial, en el cambio de las procuradurías a las fiscalías, pero el tema indígena se quedó atrás.

“Hay un estudio del caso en Oaxaca, de la Oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas, donde casi 80 por ciento de las personas privadas de su libertad en su momento no tuvieron intérpretes. La asistencia a las víctimas es un reto para el Estado, entre ellos la atención a las que pertenecen a un pueblo o comunidad indígena, máxime cuando se trata de mujeres.

No se necesitan otras políticas públicas, sino asesores jurídicos que tengan perspectiva intercultural, que conozcan los derechos de los indígenas. Llevamos más de 9 mil intérpretes traductores formados, acreditados y muchos otros certificados. No es por falta de intérpretes, sino de voluntad que no se asegura la asistencia. Estamos hablando de una falta de complemento en la norma, no de voluntad política.

Por su parte, Jaime Rochín, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceav), expresó que es responsabilidad del Estado, de la sociedad en su conjunto, la inclusión inaplazable de todos los sectores sociales marginados y vulnerados, en particular de la población indígena

Agregó: a pesar de que los derechos humanos están consagrados en la Constitución, las leyes y los tratados internacionales, las personas y comunidades indígenas aún son víctimas de una profunda discriminación social que permea el sistema de justicia penal, ocasionado que gran número de personas de este sector que son indiciadas, procesadas o sentenciadas no cuenten con atención apropiada y terminen siendo víctimas de múltiples vejaciones, abusos y omisiones de la autoridad encargada de procurar justicia.

Lo anterior, agregó, es consecuencia de la nula capacitación de los servidores públicos acerca de los derechos de los pueblos indígenas.

La investigación se realizó en los estados de Baja California, Chihuahua, Nuevo León, San Luis Potosí, Jalisco, Querétaro Guerrero, Oaxaca y Campeche, así como en la Ciudad de México.

El estudio arrojó como resultado que entre los elementos fundamentales referentes al contexto en que se presentan los hechos victimizantes contra los indígenas son las condiciones de pobreza, marginación, exclusión, y discriminación.

Además, en algunos casos, de la presencia del narcotráfico en ciertas regiones (Guerrero y Chihuahua).