La estrategia de seguridad pública basada en un enfoque represivo, no sólo no ha servido para contener la violencia en el país sino que incluso ha contribuido al crecimiento de dicho fenómeno, por lo cual es urgente analizarla de forma crítica y diseñar un nuevo modelo donde se entienda que la seguridad y el respeto a los derechos humanos no se contraponen.

Ésta fue una de las principales conclusiones de los participantes en la Conferencia Internacional Seguridad, democracia y derechos humanos: la vía civil, quienes advirtieron que la falta de objetivos claros y de planeación han hecho que las violaciones a las garantías individuales hayan aumentado desde que las fuerzas armadas asumieron labores policiacas.

Jan Jarab, titular de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, advirtió que muchos servidores públicos siguen pensando que la seguridad y el respeto a las garantías básicas son conceptos antagónicos, sin darse cuenta de que son compatibles y complementarios.

Ante esta situación, el funcionario señaló que las autoridades tienen dos alternativas: dar continuidad y aumentar el enfoque represivo de la seguridad pública, o revisar la estrategia de manera crítica para desarrollar un paradigma alternativo.

En ese sentido, Jarab convocó a realizar un análisis exhaustivo del papel que desempeñan las fuerzas armadas para determinar si pueden colaborar o no en materia de labores policiacas, y advirtió que iniciativas como la ley de seguridad interior implican el riesgo de dar por sentada la validez de participación de los militares en dichas tareas.

Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, admitió que en este momento es inviable retirar de golpe al Ejército y la Marina de los lugares donde han asumido el trabajo de las policías, pero también lo es el hecho de dejarlos cumplir esa labor por tiempo indefinido.

De igual forma, recordó que aunque algunos partidos políticos y las propias fuerzas armadas han defencdido la necesidad de tener una ley de seguridad interior que formalice la participación del Ejército en tareas de seguridad, esto terminaría por fortalecer el papel preponderante de los militares en dichas labores y retrasar la profesionalización de los cuerpos policiacos.

David Fernández, rector del campus Ciudad de México de la Universidad Iberoamericana, manifestó que el aumento de la violencia y la inseguridad también es resultado de ese enfoque represivo de la seguridad, por lo que llamó a definir una posible fecha para el regreso de los soldados a sus cuarteles.