Madrid.

El mayor caso de corrupción en la historia de la democracia española, llamado el caso Gürtell, está visto para sentencia después un largo proceso en el que se sentaron en el banquillo algunos de los dirigentes políticos de la derecha española más importantes del último cuarto de siglo.

Las acusaciones son tan graves que el abogado del Estado solicitó a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que será la encargada de la resolución, que dicte una sentencia ejemplar para evitar en el futuro más cosas de corrupción generalizada como los que se incluyen en el sumario.

Financiación ilegal sistemática del derechista Partido Popular (PP), pagos de comisiones a cambio de obras públicas, regalos lujosos y desorbitados a personas con poder público que luego se convertían en contratos de obra y así un sinfín de irregularidades que se perpetraron en las últimas dos décadas por una serie de personajes de la clase empresarial española y dirigentes y funcionarios públicos del PP.

Los dos cabecillas de la trama son, por un lado el empresario Francisco Correa, conocido como El Padrino, quien tejió una red de complicidades y que habría desfalcado al erario público decenas de millones de euros. En el lado político la cara más visible y también imputada en el proceso es Luis Bárcenas, quien fuera el contador del PP durante dos décadas y que habría sido el ejecutor de las negociaciones entre los empresarios y las autoridades municipales y autonómicas que después facilitaban los contratos públicos.

Al finalizar la vista oral, el abogado del Estado fue categórico: Debe ser una sentencia con la que todo empresario que esté en la tentación de sobornar a un cargo político diga qué miedo porque recuerde las penas impuestas. El letrado del Estado calculó en 15 millones de euros la defraudación total de los acusados, gracias a una forma de actuar que calificó de cáncer que ha afectado a la Administración.

Entre las personas acusadas se encuentran Bárcenas, el exconsejero de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, el exalcalde de la localidad madrileña de Majadahonda Guillermo Ortega, y un nutrido grupo de empresarios de Madrid y Valencia. Precisamente sobre Correa, el abogado del Estado señaló que durante el juicio ha querido asumir toda la responsabilidad y con su conducta, no exenta de gallardía, quiere exonerar a todas las personas que trabajaron con él pero no debemos caer en ese engaño pues las mismas son cooperadoras.. En algunos casos, las penas podrían llegar hasta los 85 años.