a difusión de los apuros financieros por los que atraviesan numerosas universidades públicas estatales de México recuerda, una vez más, la necesidad de rexaminar un problema que viene de lejos y exhibe una preocupante tendencia al ascenso, aunque se manifiesta más crudamente cuando la economía presenta signos de inestabilidad. Se trata de las dificultades económicas que afligen a gran parte de esas casas de estudio, que a menudo las colocan al borde de la quiebra y obligan, de manera recurrente pero sin éxitos visibles hasta ahora, a considerar para ellas distintos modelos de sustentabilidad.
En fechas recientes, y con distintos grados, han mostrado problemas de solvencia las universidades autónomas del estado de México, Morelos, Oaxaca y Zacatecas, así como Juárez Autónoma de Tabasco y Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Están, sin embargo, lejos de ser las únicas amenazadas por la insuficiencia de recursos; de hecho, cada vez que un año llega a su fin hay un grupo de instituciones estatales de educación superior que dan a conocer los resultados de su constante lucha por mayor presupuesto. Los nombres suelen cambiar, pero el dilema es el mismo: cómo afrontar el pago de su plantel docente, más las pensiones, jubilaciones, prestaciones laborales y demás obligaciones, con una asignación presupuestal que no registra ninguna alza significativa, cuando no va directamente a la baja.
Y es que frente a la escasez no hay mucho qué hacer, y lo que se hace roza a veces los límites de lo permisible; más de una vez, por ejemplo, los auditores estatales o federales que revisan las cuentas de las universidades han advertido sobre la inconveniencia de cubrir ciertos rubros con fondos procedentes de otros, porque esa maniobra implica un desvío de recursos y esta práctica configura un delito.
Así, cada año termina con una especie de rutina que se repite con mínimas variantes: por regla general los rectores de las instituciones en problemas exponen éstos ante la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y ante la Secretaría de Educación Pública, se reúnen con funcionarios de Hacienda con la esperanza de sensibilizarlos acerca de su situación, y establecen nuevas reglas operativas para optimizar los recursos del próximo ejercicio. Si acaso, redoblan sus esfuerzos para encontrar una fórmula de funcionamiento autosustentable, en una labor que, paradójicamente, las más de las veces no se puede desarrollar a fondo por falta de financiamiento.
En México, la cobertura en materia de educación superior ha ido creciendo gracias, especialmente, al incremento de la matrícula logrado por medio de las universidades públicas estatales (más aún que la propia Universidad Nacional Autónoma de México, las instituciones privadas y los institutos tecnológicos), por lo que el presupuesto federal que anualmente se destina a ese nivel educativo debe ser objeto de una seria reconsideración. La solución no pasa por la disposición administrativa sino por la voluntad política.
