Colombia de Guadalupe, Malinaltepec, Gro.

Sobre la marcha, como dicen los mismos guardianes comunitarios, y no exenta de contradicciones pero consolidada como realidad social para los pueblos indígenas de la Montaña y la Costa Chica de Guerrero, la policía comunitaria celebró su 22 aniversario en esta comunidad, con la participación de centenares de miembros activos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC).

El principal propósito del sistema comunitario es la defensa del territorio, en el entendido de más que la delincuencia común, hoy son el enemigo las grandes empresas dedicadas al saqueo y despojo de nuestros pueblos, como las mineras, expresarían en su pronunciamiento final.

Vista en los ojos de los niños y jóvenes que participaron en las celebraciones aquí y en la vecina comunidad de Santa Cruz del Rincón, ambas me’phaa, uno encuentra una elocuente gratitud. Lo mismo en las mujeres, que en El Rincón conformaron un contingente aún más numeroso que el de los mismos policías, que no eran pocos, y aquí en Colombia fueron parte del acto principal y lograron imponer una quinta mesa de trabajo, pues sólo se habían considerado cuatro para temas agrarios, de seguridad, de reglamentos, y centralmente, defensa del territorio.

Acto de unidad

En un acto de unidad que muestra la recuperación de la CRAC-PC luego de un periodo de crisis, divisiones y confrontaciones internas alimentadas por los gobiernos estatales sucesivamente perredista y priísta, estuvieron representadas las Casas de Justicia de San Luis Acatlán, Espino Blanco, Zitlaltepec y El Paraíso, así como de los Comités de Enlace de Cacahuatepec, Tecoanapa, Tixtla, Huamuxtitlan, Chilixtlahuaca, Dos Ríos y de la región de Xochistlahuaca y Tlacoachistlahuaca. Entre comunitarios y pobladores, en Colombia de Guadalupe se congregaron unas 2 mil 500 personas para la conmemoración y los debates el pasado fin de semana.

Fundada el 15 de octubre de 1995 en Potrerillo Cuapinole, la CRAC-PC ha dejado una honda huella en una de las regiones indígenas más grandes, pobladas y diversas del país. Compuesta por los pueblos y ciudades con población me’phaa (tlapaneca), nahua, nu savi (mixteca), ñomdaa (amuzga) y afromexicana, la policía comunitaria respondía a una situación de inseguridad, criminalidad e impunidad que había destrozado cualquier credibilidad del sistema de justicia estatal, frecuentemente aliado con los criminales. Asaltos, abigeato, narcotráfico, mujeres violadas, secuestros y asesinatos hacían de la Montaña una de las regiones más peligrosas de México. Dos décadas después, en una entidad donde la violencia y la descomposición social son alarmantes, los frutos de la autoprotección comunitaria son palpables.

A pesar de sus problemas, los frutos de la experiencia de seguridad y justicia en las regiones indígenas contrastan dramáticamente con la situación en el resto de Guerrero, una de las entidades más peligrosas y descontroladas del país. Ha resistido la hostilidad de gobierno, fuerzas armadas, policías institucionales y crimen organizado. A pesar de tan formidables enemigos, la CRAC-PC conquistó una legitimidad sólo comparable a la lograda por los zapatistas en las regiones indígenas de Chiapas. Hoy día, recorrer las regiones que cuidan los comunitarios deja una sensación de tranquilidad y paz casi inverosímil si se compara con lo que sucede en la Sierra, la Costa Grande y las principales ciudades de Guerrero, que llegan a parecer un infierno.

Sin ir más lejos, la región vecina de Chilapa hoy es ingobernable. Síntoma de dicha descomposición son los asesinatos de más de 20 conductores de transporte público desde 2014, lo que ha llevado a la suspensión de los servicios entre Chilapa y la zona nahua de Zitlala, así como con Chilpancingo, tras el recrudecimiento de la violencia durante 2017.

Responden por nosotros

Un comisionado me’phaa de Colombia Guadalupe habla con entusiasmo del sistema comunitario: “Nuestra policía la forma gente sencilla. Saben cuidarnos. Los conocemos. Confiamos en ellos. Están armados, pero no son militares, no saben disparar contra su pueblo. Su responsabilidad es cuidar a los niños cuando van a la escuela. A los campesinos que van a trabajar a sus predios o a las ciudades con su producto. Cuidan a las mujeres en su día. Responden por todos nosotros.

“No son pocos 22 años. Cometimos errores, nos han tocado regañadas y aprendemos.

Antes sufríamos robos de nuestros animales, nos secuestraban, violaban a las mujeres delante de sus maridos. Un dolor inmenso. Si los capturábamos en los pueblos y los entregábamos a la autoridad, rápido el Ministerio Público los soltaba, y volvían para seguir robando.

El indígena destaca: “Ahora taxis van y taxis vienen, y no les pasa nada. Los muchachos de la CRAC no se venden al narco. Tienen un pueblo que los respalda y no lo traicionan. Padecemos la amenaza de las mineras. ¿Cuántos comisariados se van a vender? Ya ha sucedido. Las mineras son una amenaza grave, que no parece delincuencia, pero llega a ser peor. Dan dinero a policías municipales, a gente que se deja convencer. Con ellas y los madereros rondando nuestros pueblos, la lucha no ha terminado. Pero los policías comunitarios dan seguridad a los pueblos indígenas de Guerrero, que tenemos un sistema de justicia basado en las costumbres y buscamos siempre la justicia”.

Punto de encuentro

Fiel a su costumbre, el Sistema Comunitario abrió el espacio de su aniversario, según su pronunciamiento final, como un punto de encuentro de sus comunidades integradas, así como a organizaciones sociales y políticas fraternas para compartir información, analizar la realidad, trazar caminos conjuntos y seguir luchando; para exigir del gobierno el reconocimiento legal de la CRAC-PC en la Constitución Política y la libertad de los compañeros presos políticos (Arturo Campos, Gonzalo Molina y Samuel Ramírez). También para la fiesta, para compartir los recuerdos de acciones pasadas que han marcado a nuestra organización, así como seguir soñando y construyendo.

La cuestión central en las mesas de trabajo y la plenaria fue la defensa del territorio en todos sus aspectos, dicen, ya que descuidar esto como una parte sustancial de nuestra lucha implica prácticamente el riesgo de nuestra desaparición como pueblos originarios. Perder la lucha por la defensa de nuestro territorio significa el aniquilamiento de nuestras comunidades, de nuestro futuro.

La CRAC-PC exigió al Congreso que incluya en la constitución local su propuesta de reforma integral en materia de derechos de los pueblos originarios. Adelantó que los pueblos se movilizarán ante la negligencia de los legisladores y sus prácticas de exclusión. Los diputados, añade la organización, no pueden argüir ninguna cuestión en contra, pues son los pueblos de manera directa quienes están proponiendo de qué manera quieren estar reconocidos en la Constitución.

Durante la celebración, la CRAC-PC presentó su nuevo reglamento interno, que incorpora propuestas de las diferentes regiones representadas en el sistema comunitario, caracterizando con mayor énfasis y claridad lo que es nuestra comunidad, nuestro territorio, los principios de lo comunitario, las faltas y errores sancionados por la justicia comunitaria, las sanciones aplicables, el proceso para la investigación, sanción y reducación, con lo que se fortalece nuestra visión de respeto a los derechos humanos y colectivos, de las personas y los pueblos.

Igualdad de género

Aún a contracorriente, pese a los avances logrados en materia de igualdad de género dentro del Sistema Comunitario, la mesa de mujeres demandó valorar todos los ámbitos de participación de la mujer en la comunidad, y que no se exija para las mujeres los requisitos para acceder a cargos, porque muchas veces no tienen antecedentes de participación suficientes, como el ser topile. Pidieron también capacitación en el uso de armas, pues a veces las mujeres también salen con los policías y se tienen que defender. Propusieron crear en la CRAC-PC y las comunidades actividades que promuevan nuevas formas de relacionarse entre hombres y mujeres sin estereotipos de género.

Otra demanda central fue la aparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, con la presencia del comité de padres de los desaparecidos, siempre cercanos a las policías comunitarias de la Montaña.

La CRAC-PC y el Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio buscarán articularse en los próximos meses para garantizar que las tierras, el cielo, el aire, el agua, la flora, la fauna, los minerales y los lugares sagrados, sigan estando en manos de los pueblos.

Participaron los debates y en la fiesta, con numerosas bandas de música que por momentos sonaban al mismo tiempo, organizaciones sociales de Puebla, Morelos, Ciudad de México y Michoacán, normalistas de Ayotzinapa, miembros de CECOP que luchan contra la presa de La Parota en Acapulco, el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña, el Frente de Comunidades en Defensa de los Derechos Colectivos de la Montaña, el Frente Popular de Tlapa y el centro Tlachinollan de derechos humanos, el cual celebró que desde las Montañas de Guerrero se alce un grito de justicia y verdad y contra el poder caciquil omnímodo y los poderes fácticos en Guerrero, recordando que la policía comunitaria ha luchado durante 22 años para que los pueblos tengan su propia seguridad ante la ausencia del gobierno estatal y federal.