Hermosillo, Son.

En unos días, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Junta Federal de Concilia- ción y Arbitraje (JFCA) emitirán un laudo respecto de un adeudo que el Grupo México tiene con 2 mil 200 mineros ya jubilados, por 475 millones de dólares, equivalente a 5 por ciento de las acciones de la fundidora de cobre Cananea, porcentaje que les prometieron en 1990, cuando el gobierno de Carlos Salinas de Gortari vendió al empresario Jorge Larrea este consorcio, considerado uno de los más importantes del mundo en la producción de cobre.

Los mineros exigieron una sentencia justa pues, afirman, los directivos de Grupo México se niegan a cumplir el convenio y las autoridades federales benefician a la firma (hoy de Germán Larrea, principal accionista e hijo de Jorge Larrea), pese a que les asiste la razón a los mineros retirados, según contrato de compra-venta suscrito en la gestión de Salinas de Gortari, quien declaró en bancarrota a esa compañía minera estatal para luego rematarla.

La demanda de los mineros se dirige a Rafael Adrián Avante Juárez, subsecretario de Trabajo de la STPS, quien ya anticipó a los retirados que el laudo definitorio se expedirá en favor de Germán Larrea, uno de los hombres más ricos del planeta, según la revista Forbes.

Esto, porque adelantó que se deslindará a Grupo México del inciso C del lineamiento VII del contrato del fideicomiso 9645-2, refirieron los trabajadores Jesús Toyos y Cervando Flores Castelo.

En dicho contrato se establece el pago de las acciones a los empleados como condición para la venta de Cananea: La postura preferente de Mexicana de Cananea SA de CV, ofrece íntegra una participación de 5 por ciento de su capital accionario a favor de los trabajadores de la fallida (minera), lo que eventualmente podrá resultar equivalente a 19.5 millones de dólares que queda-rían a beneficio de los mismos trabajadores (sic).

Por su lado, el director jurídico de Grupo México, Jorge Lazalde Psihas, coincidió con la postura oficial, respecto de que el laudo emitido por las autoridades federales establecerá que Grupo México no tiene ninguna responsabilidad con los trabajadores.

Lazalde dijo que el laudo se regresó a la JFCA, luego de que los empleados interpusieran un amparo contra la primera resolución, en la cual se deslinda a Grupo México del pago a los mineros. Pero –acotó el representante legal de la multinacional– el fondo no se modifica: El laudo va a salir en los mismos términos con respecto del fondo; la empresa quedará absuelta de responsabilidad en cualquier sentido, sostuvo, tras manifestarse confiado en la resolución a su favor por parte de las autoridades federales.

Deslindan a la empresa en 2005

El 29 de abril de 2005 la Junta Especial de la JFCA emitió el expediente 177/2005, donde hace el deslinde de Grupo México, por supuesto cumplimiento de los compromisos.

Al respecto, los mineros, también accionistas de Cananea, precisaron que a ellos no se les liquidó el monto correspondiente al valor total de sus acciones, con el argumento de que en 2005 Grupo México pagó 1.5 por ciento de sus títulos de valores al Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, pero sólo 400 de los retirados –de un total de 2 mil 200 trabajadores– recibieron 80 mil pesos como un adelanto del 5 por ciento del total de las acciones a su favor.

En todo caso, indicó Flores Castelo, Grupo México deberá pagar a los mineros retirados 3.5 por ciento de las acciones, más intereses, por lo cual el adeudo ascendería, según los pensionados, a 288 millones de dólares.

En el mismo fideicomiso, junto con el acuerdo de pago de acciones a los 2 mil 200 trabajadores y acreedores en ese momento, el consorcio se comprometió a elaborar programas para incrementar la productividad, a no evadir el pago de impuestos y a cooperar económicamente para el desarrollo social del municipio de Cananea y otros aledaños.

Incluso –a tres años de que la minera provocara el desastre ambiental más grande de la historia en México, con el derrame de 40 millones de litros de ácido sulfúrico al Río Sonora, cuya contaminación dañó a la población, cuerpos de agua y especies de flora y fauna–, la trasnacional se comprometió entonces a poner en marcha programas de mejoramiento ecológico y al medio ambiente.

A pesar de los daños sociales, ambientales, ecológicos y económicos que ha causado a la población y trabajadores, los mineros jubilados cuestionaron el proceder de las autoridades federales y de Grupo México. Ahora resulta que la empresa demandada cumplió con sus obligaciones y no tiene responsabilidad alguna respecto a los compromisos que asumió, dice.

Flores Castelo calificó de reprobable el comportamiento de las autoridades laborales que al menos deberían respetar la ley. “En las reuniones de conciliación – donde nos sentamos los derechosos (así autodenominan los mineros jubilados a su movimiento), directivos de la mina y los funcionarios–, confundimos sus puestos, pues no se sabe si los funcionarios trabajan para (Germán) Larrea: defienden primero los intereses de ellos e ignoran a los trabajadores. Son unos lambiscones”, apuntó.

Piden cesar a funcionario de JFCA

En su exhorto a las autoridades federales demandan que en el laudo definitivo, programado para emitirse en octubre por la JFCA, se actúe con apego a la ley y respeten lo establecido en el fideicomiso. Exigen también la destitución del subsecretario de Trabajo, Avante Juárez, y que Grupo México pague las acciones, como se estipuló en el fideicomiso referido.

Los mineros destacaron que por exigir que se cumpla con la ley están desempleados, pues se les ha negado la posibilidad de laborar en las minas. En tanto, la Junta Especial 10, de la JFCA, alega que Grupo México no asumió ninguna obligación laboral con los ex trabajadores de Mexicana de Cananea, en tanto que la venta se hizo producto de ofertas y participaciones accionarias dadas a favor de ellos mismos.

De emitirse el laudo en favor de Grupo México, no sería la primera vez que el gobierno federal apoye los intereses de Larrea.

Trascendió en agosto pasado que aquél ya avaló la cancelación del Fideicomiso Río Sonora, por presiones del consorcio, pese a que éste –el tercero más importante en el mundo– incumplió con los principales compromisos para garantizar la salud de 25 mil damnificados de siete municipios afectados por Buenavista del Cobre, en 2014, por el derrame de 40 mil litros de sulfato de cobre acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora. Las afectaciones y muerte de especies llegó hasta Hermosillo, a 296 kilómetros al sur.