El Frente Mexiquense en Defensa de una Vivienda Digna advirtió que miles de familias están en riesgo, debido a que sus hogares resultaron con daños severos por el sismo del pasado 19 de septiembre.

La asociación dijo a La Jornada que desde hace casi una década se descrubió un fraude hipotecario inmobiliario, debido a que las constructoras operaban la economía del crimen en el sector, edificando viviendas con materiales de mala calidad.

“Tuvieron que ocurrir los efectos devastadores del terremoto reciente para que saliera a la luz el fraude y el crimen de las empresas, que operan sin respetar las normas ni contratar seguros en favor de los compradores.

El frente mexiquense marchó del Monumento a la Revolución al Zócalo capitalino.

Con reserva sobre su apellido, Rocío aseguró que en el estado de México han contabilizado casi 800 viviendas deterioradas. Las constructoras violaron todos los estándares y pusieron en riesgo a las familias. En cualquier momento se pueden venir abajo, con o sin un sismo. Antes del terremoto tenían afectaciones, pero se incrementaron porque los acabados están hechos de unicel, varias tuberías de PVC se rompieron y la estructura hidrosanitaria en la mayoría es inservible por la mala calidad de los materiales utilizados, reiteró.

Pésima calidad de materiales

Es lamentable que nuestro representante legal y presidente del frente, José Pérez Espinoza, desde hace más de 10 años haya denunciado estas irregularidades a las autoridades competentes y nada hicieran para resolver el asunto, y ahora, cuando se presentan estas calamidades de las casas derrumbadas y en mal estado, se pronuncian, cuando había todo una antecedente de denuncias de antaño.

Pérez Espinoza está preso desde el 4 de noviembre de 2015 en la cárcel de Chiconautla por presuntamente haber robado un mes antes tres casas del fraccionamiento Urbi de Tecámac, con el uso de un arma de fuego, delito que de acuerdo con el frente fue fabricado.

En un comunicado, el activista expresó que desde hace ocho años descubrieron un megafraude hipotecario inmobiliario por la mala calidad de las viviendas que, de acuerdo con especialistas, no durarían más de 60 años.

“Los peritajes que acreditamos señalan que las construcciones sólo durarán 25 años. Tuvieron que ocurrir los efectos devastadores del terremoto para que se descubriera el fraude y el crimen en que operan las inmobiliarias. Desafortunadamente, lo que hemos estado dununciando no tuvo eco en el gobierno de Felipe Calderón y ni en el actual.

Finalmente, el resultado es la tragedia de dolor, desolación y muerte, porque hoy ante la falta de seguros de las viviendas, de vida y de invalidez total y permanente, los titulares de los créditos de las casas que el terremoto destruyó deben seguir pagándolos.

Los inconformes informaron que presentarán una denuncia en la Procuraduría General de la República por no haber instalado el Sistema de Justicia Penal Acusatorio.