Cuernavaca, Mor.

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, y Eduardo Sotelo, ex tesorero de la institución –acusados de peculado por el gobierno estatal– no fueron vinculados a proceso por el juez oral Adolfo González López porque el Ministerio Público no entregó a la defensa de los imputados todas las pruebas que contenía la carpeta de investigación.

La no vinculación a proceso demostró que no se cometió delito de peculado y menos desvío de recursos del subsidio estatal, afirmó el rector de la UAEM. Insistió además en que se trata de fabricación de delitos de parte del gobernador perredista Graco Ramírez por revanchas políticas.

Vera Jiménez y Eduardo Sotelo fueron acusados del presunto desvío de mil 433 millones de pesos del subsidio que entrega el gobierno del estado a la casa de estudios para el pago de un crédito de 600 millones que ambos contrataron con autorización del Consejo Universitario en 2014, para infraestructura universitaria.

Este domingo, después de tres horas y media de audiencia, la cual se inició a las 10:30, cuando los agentes del Ministerio Público (MP) ya sólo leían los antecedentes de la carpeta de investigación, que debió ser entregada a la defensa de los acusados, los abogados del rector se quejaron ante el juez de esa anomalía y señalaron que el proceso no se estaba realizando como estipula la ley.

En ese momento los agentes del MP trataron de entregar la copia de las pruebas que supuestamente demostraban la responsabilidad del rector y el ex tesorero, pero la defensa de Vera Jiménez argumentó que no había congruencia entre la carpeta que ellos tenían y aquella con base en la cual se formuló la imputación, y tampoco entre éstas y la entregada ayer, con la cual pretendían se vinculara a proceso a los dos acusados.

Por ello, el juez González López dictó auto de no vinculación a proceso. Dijo que no se podía seguir con la audiencia si los fiscales no presentaban completa y a tiempo la carpeta de investigación a la defensa de los imputados.

Además, esta situación viola los derechos humanos de los imputados y no garantiza la debida defensa. Y como los abogados no tienen las pruebas, tampoco existen para el juzgado. A las 14:58 horas se decidió no vincular a proceso a los acusados.

Los gritos y aplausos de apoyo a los funcionarios de la UAEM se escucharon en la sala de juicios orales y el togado pidió al público que se retirara. Minutos después, el rector, el ex tesorero y sus abogados salieron de los juzgados, en el centro de la capital del estado.

Fuera, desde temprano, los esperaban cerca de mil personas, universitarios, trabajadores de la casa de estudios e integrantes del Frente Amplio Morelense (FAM) –cuyas organizaciones civiles han exigido la renuncia de Graco Ramírez–, representantes de pueblos y profesores del Movimiento Magisterial de Bases.

Desde que supimos que estaban integrando la carpeta (de acusación) solicitamos verla. No nos dieron acceso. Ahora, en las audiencias pedimos copia, y hoy (domingo) el fiscal sacó documentos que no nos habían entregado, por lo que violentaron la debida defensa y nuestros derechos fundamentales, expresó Vera Jiménez.

Dijo también que dejaron en claro la incongruencia entre lo que plantearon en una audiencia y lo que querían demostrar ahora, con lo cual queda claro que no cometimos delito alguno y buscaron fabricarlo, afirmó en entrevista el rector.

Exigió al gobernador entregar el subsidio que retiene a la UAEM. Hemos comparecido y demostrado que no somos delincuentes, no tenemos por qué callarnos, por qué dejar una posición critica ante la ola de criminalidad que agobia nuestro estado ni ante la pobreza y la miseria en que estamos sumidos por este gobierno infame y dictatorial. No nos vamos callar y seguiremos peleando por mantener nuestra autonomía y nuestra posición crítica, expresó.

El abogado del rector, Ricardo García Bravo, recalcó que se demostró la falsedad con que se conduce la fiscalía y en la audiencia demostraron con un perito contador que no hubo peculado ni desvío del subsidio estatal para pagar el crédito de 600 millones de pesos. Insistió en que se trató de una fabricación de delito contra Vera por revanchismo político.