En las cárceles del país existen "significativas deficiencias" en la atención de las personas adultas mayores que están privadas de su libertad, sobre todo en aspectos como la estancia digna, la integridad personal y los programas de atención acordes a su edad, señaló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en un informe especial sobre el tema.

Con motivo del Día Internacional de las Personas de Edad –que se conmemora este 1º de octubre–, el organismo subrayó en su estudio que una de las principales fallas en materia de atención a los presos que tienen 60 años o más, es la carencia de infraestructura adecuada para resolver sus necesidades de clasificación, ubicación y desplazamiento.

Basándose en sus Diagnósticos Nacionales de Supervisión Penitenciaria, la CNDH advirtió que en las cárceles hacen falta programas de atención a la salud física y síquica especializada acorde a la edad, y equipos de apoyo para poder moverse con independencia, como andaderas, sillas de ruedas y bastones, entre otros.

Por todo ello, el estudio propone considerar la pertinencia de la excarcelación en algunos casos, tomando en cuenta argumentos humanitarios y disminución de riesgo social, así como el cumplimiento de programas de reinserción social efectivos.

También sugiere establecer en los centros penitenciarios un registro que identifique las condiciones y necesidades específicas de atención para este grupo de población, crear programas que eviten su discriminación y prever los recursos presupuestales para la adecuación de infraestructura, con base en estándares nacionales e internacionales.

Por otra parte, la CNDH recalcó la importancia de asegurar los derechos de todas las personas mayores, ya que según datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), para el año 2050 habrá 36.5 millones de habitantes pertenecientes a ese grupo poblacional, lo cual significa un aumento considerable desde los 10 millones que existen en la actualidad.

Una encuesta del Conapo evidenció que 73.2 por ciento de los adultos mayores trabaja en el sector informal, de los cuales el 60.8 por ciento no tiene acceso a instituciones de salud; 61.8 por ciento labora sin un contrato escrito y 47.7 por ciento no cuenta con prestaciones laborales.