La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha realizado 6 mil 603 verificaciones a establecimientos comerciales ubicados en los estados afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre, para evitar aumentos injustificados en la venta de los productos de la canasta básica y de consumo generalizado.

La dependencia federal informó que se han desplegado cuadrillas de su personal en Morelos, Puebla, Ciudad de México, Tlaxcala, Estado de México, Oaxaca, Chiapas y Guerrero, luego de los movimientos sísmicos registrados, y hasta el momento se han colocado 10 mil 365 preciadores en diferentes localidades.

En un comunicado, detalló que intervino con el fin de revisar el comportamiento comercial de productos como agua embotellada, frijol, huevo, leche, azúcar y tortilla, entre otros, así como en establecimientos donde se comercializan materiales para la construcción y ferreterías.

La Profeco dijo que fueron colocados los más de 10 mil preciadores de acuerdo con la región, y recordó que desde el 8 se septiembre comenzaron la observación de los trabajos de revisión en los estados de Oaxaca y Chiapas, mientras que desde el 20 se septiembre lo hizo en las entidades centrales del país que fueron afectadas por el sismo registrado el día anterior, cuyo epicentro fue en Chiautla, Puebla.

Desde esas fechas se han brindado 956 asesorías y se han realizado recorridos por centrales de abasto, mercados, tiendas de autoservicio, tiendas de conveniencia, abarrotes, tortillerías, embotelladoras de agua, farmacias, carnicerías, madererías, ferreterías y tiendas de materiales para la construcción, entre otros establecimientos.

Este sábado, personal de la Procuraduría recorrió los municipios mexiquenses de Ocuilan, Joquicingo, Malinalco y Tenancingo para continuar con la revisión de las condiciones de mercado y el abasto de productos, principalmente de la canasta básica y materiales para construcción, y se reforzarán las acciones en el Valle de Toluca.

La Profeco reiteró que el fin de colocar preciadores es dar certeza a los consumidores en el costo de los productos, por lo que no pueden alterarse de forma arbitraria e incluso el personal de la dependencia solicita a los dueños y encargados de los establecimientos presentar las facturas de los fabricantes de los productos adquiridos, así como como los comprobantes de venta a los consumidores.

Si la Procuraduría detecta abusos por aumentar injustificadamente los precios, puede aplicar multas hasta por 4 millones de pesos.