La jefa delegacional Claudia Sheinbaum Pardo denunció penalmente a los ex directores generales Jurídico y de Gobierno de las administraciones perredistas en Tlalpan, así como a la directora del colegio Enrique Rébsamen, Mónica García Villegas, tras enterarse que desde 2014 se detectaron daños estructurales en el edificio, que se subsanaron con una multa de 21 mil pesos.

En 2014, durante la administración de la actual diputada federal por Morena, Maricela Contreras Julián, el gobierno de Tlalpan tuvo conocimiento del daño a elementos estructurales que afectaron la estabilidad del edificio del colegio Enrique Rébsamen.

La afectación se produjo luego de una demolición por la construcción irregular que realizaron, en el tercer y cuarto pisos del inmueble, pese a ello la dirección Jurídica y de Gobierno de entonces, determinó cerrar el expediente con el pago de una multa de 21 mil pesos.

Tras dar a conocer las presuntas anomalías registradas en los expedientes legales, 2010 y 2013-2014, la jefa delegacional calificó de indignante que el ex director Jurídico y de Gobierno, Miguel Ángel Guerrero López haya tenido el informe de la Dirección General de Obras y Servicios Urbanos, que le advirtió de los daños que provocaron a la estructura del edificio y aun así cerraran el caso, por lo cual, indicó, interpuso una denuncia penal contra el citado ex servidor público y su antecesor, Alejandro Zepeda.

Sheinbaum Pardo presentó un informe detallado de los citados expedientes jurídicos. El 23 de junio de 2010 en la administración del perredista Higinio Chávez, expuso, se hizo la primera visita de verificación al colegio por la construcción en el cuarto piso, de un gimnasio.

En agosto se resolvió la clausura y demolición de la referida obra irregular, así como el pago de 5 por ciento del valor de la construcción, sin que en el expediente haya constancia de haber subsanado el procedimiento, precisó la funcionaria.

Posteriormente, en noviembre de 2013, ya en la gestión de Maricela Contreras, detalló Claudia Sheinbaum, la Dirección de Obras y Servicios Urbanos declaró improcedente la solicitud de Mónica García Villegas, que se apegó al artículo 62 de la Ley de Construcciones, que se refiere a obras menores, para seguir la edificación.

No obstante, Servicios Urbanos argumentó que no se trataba de una obra menor. En diciembre 2013 se realizó una nueva visita y en enero de 2014, el departamento jurídico decretó la clausura.

“Presuntamente se pusieron sellos en esa construcción y estuvo clausurada un año, pero en diciembre de 2014 se levantaron los sellos y con eso se cerró el expediente.

“Lo que encontramos, que es verdaderamente indignante, en el expediente jurídico, es que la Dirección General de Obras y Servicios Urbanos dijo al jurídico que ‘al momento del análisis técnico se observó que se están realizando trabajos de demolición de estructuras de concreto armado del tercer y cuarto niveles dañando elementos estructurales que afectan la estabilidad de la construcción’ y el jurídico cerró el expediente con 21 mil pesos de multa”, apuntó la jefa delegacional.

Tras las presuntas anomalías advirtió que actuarán del lado de la justicia y de las víctimas, por lo cual interpuso las demandas, que son independientes de las que analiza presentar de oficio la procuraduría.

Asimismo, pidió al procurador capitalino Edmundo Garrido revisar con cuidado las carpetas de investigación para deslindar responsabilidades.

La jefa delegacional reconoció que la propietaria del colegio Enrique Rébsamen presentó documentos falsos de uso de suelo, como lo informó el Instituto de Verificación Administrativa, de lo cual, dijo, se enteró al solicitar el expediente I-23402/17 del juicio de nulidad al tribunal de justicia administrativa, donde se lleva el juicio de nulidad.

Manifestó que seguirá el trabajo para el dictamen que solicitó al Colegio de Ingenieros Civiles de México y si se determina que los directores responsables de obra y el corresponsable que firmaron y avalaron que el colegio no tenía daños tienen responsabilidad, actuará conforme a la ley.