El Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles (CMIC) cuestionó el proceso de dictaminación estructural de planteles educativos en los que se basa la Secretaría de Educación Pública (SEP) para analizar su apertura, tras el sismo del pasado 19 de septiembre y la consecuente suspensión de clases que generó en gran parte de las escuelas de la capital del país.

‘‘Esta decisión de la autoridad (de reabrir los planteles) no es la más acertada y de ninguna manera la compartimos’’, dijo Florencio Hernández del Ángel, presidente fundador de dicho colegio.

Explicó que un estudio, aunque sea preliminar, se lleva al menos ocho horas, entre trabajo ocular en la construcción y trabajo de gabinete, donde se revisan planos y diversos permisos de construcción, e incluso la práctica de un estudio técnico.

‘‘Por el poco tiempo que se tardan para emitir un dictamen estructural deducimos que hay muchos peritos que están dictaminando sobre las rodillas y eso no es posible. Se entiende que el gobierno federal y las instituciones tienen interés en que todo vuelva pronto a la normalidad, pero en estas circunstancias es muy riesgoso’’, advirtió.

Dijo que los dictámenes entregados a los directivos de cada plantel educativo establecen que se trata de una revisión preliminar, lo cual no es suficiente para reabrir una escuela, pues faltan muchos otros elementos técnicos necesarios para dar certeza sobre la estructura del inmueble.

‘‘Tratándose de instituciones educativas en donde se encuentra nuestra niñez y nuestra juventud, que son el futuro de México, el Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles no está de acuerdo en que se habiliten con un dictamen preliminar, sino que se abran en su momento, cuando se hayan elaborado dictámenes más profundos, más detallados’’, advirtió.

Hernández del Ángel criticó también la figura del director responsable de obra (DRO) –único que puede realizar y firmar dichos dictámenes–, que si bien es necesario que pase por una serie de filtros, en la práctica estas acreditaciones también pueden otorgarse de manera discrecional por parte de las autoridades estatales.

Sobre este tema dijo que hay entre 30 y 40 directores de este tipo que incumplen con los requisitos establecidos, por lo que pidió al Gobierno de Ciudad de México revisar su listado, a fin de corroborar que todos cumplan con los requisitos y experiencia necesarias.

Citó que en el registro acumulado de varios años hay unos 2 mil DRO, pero se estima que sólo 700 de ellos están activos, lo cual es un número totalmente insuficiente para hacer frente a esta emergencia.

También expresó sus reservas sobre el peritaje elaborado a la Biblioteca Nacional de la Universidad Nacionalm Autónoma de México, pues el presunto dictamen que circula en las redes sociales no basta para afirmar que el edificio está en buenas condiciones estructurales, además de que no cumple con los requisitos mínimos.

De igual forma, el especialista expresó su preocupación por la revisión de los desarrollos habitacionales en varias de las colonias siniestradas, como son la Roma, la Del Valle e incluso Polanco, que tiene un sinnúmero de departamentos y una altitud que rebasa la altura estándar.