n el circuito del silencio absoluto –sólo de vez en vez alterado por los tuitazos del salvaje de la Casa Blanca– oficialmente hoy concluye en Ottawa la tercera y última ronda de la autodenominada modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Es de suponer que en la capital canadiense también se darán discursos que no aportan nada y habrá fotografía de ocasión para patentizar lo que los negociadores llaman buena voluntad de las partes.

Desde los tiempos de su campaña electoral, uno de los objetivos del xenófobo Donald Trump ha sido México (muro, bad hombres, migración, etcétera) y su pretexto económico se enfoca a lo mucho que nuestro país le cuesta al suyo por el desastre que a éste le representa el citado tratado comercial (pérdida de empleo, fuga de empresas e inversiones y mucho más).

El gobierno peñanietista no deja de considerar al citado energúmeno amigo y socio del país que este personaje tanto odia, pero para efectos prácticos de esa amistad y sociedad no ha sacado nada, más que el creciente desprestigio y rechazo de los mexicanos. ¿Hasta dónde llegarán en Los Pinos para, eventualmente, concretar una negociación efectiva y acuerdos expeditos? Quién sabe, pero no le queda mucho tiempo.

Si se atiende la siempre rosa versión de la delegación mexicana en la modernización del TLCAN, la primera ronda (en Estados Unidos) fue positiva y el proceso no se tambalea; la segunda (en México) fue exitosa y de la tercera (en Canadá) dirá que fue maravillosa. La última y nos vamos.

Sin embargo, de acuerdo con la información que llega desde Ottawa, se espera que Estados Unidos proponga el borrador de un texto sobre empleo, inversión y propiedad intelectual, mientras líderes sindicales de Canadá y Estados Unidos acusan que las leyes laborales más flexibles y sueldos más bajos de México elevan las ganancias corporativas a expensas de los trabajadores de sus países, haciendo del asunto uno de las más disputados de las negociaciones del TLCAN, al tiempo que dirigentes empresariales mexicanos (los del cuarto de junto, que no cuenta con representación del llamado sector social) han dicho que los derechos y pagos a los trabajadores son un asunto interno que cada país debe resolver (La Jornada, Reuters).

Y desde la primera ronda el pretexto de la fuga de empleos hacia México y los microscópicos salarios (la competitividad que cacarea el gobierno mexicano) que en nuestro país ha sido uno de los pretextos favoritos de Trump (junto con el déficit y la pésima negociación del TLCAN) y sus secuaces para bloquear, chantajear y, eventualmente, abandonar el tratado trilateral, toda vez que ha condicionado –dice– las negociaciones a que en nuestro país se paguen mejores salarios, con el fin de evitar que empresas estadunidenses generen plazas laborales en su país y no aquí.

Desde luego que tal reivindicación no se da por razones sociales ni humanitarias, pero la exigencia de Trump pega en uno de los ejes de la política económica de las últimas tres décadas y media, es decir, la socialización de las pérdidas y la privatización de las ganancias: la primera ha quedado clara con la constante pérdida del poder adquisitivo del salario; lo mismo la segunda, pero en sentido contrario, es decir, el constante aumento de la riqueza y el ingreso de los amigos y defensores del régimen.

¿Qué obtuvo México en las tres rondas? Sólo los íntimos lo sabrán, pero ahora que no está agendada una cuarta ronda, los negociadores nacionales deben informar detalladamente en qué cedió el gobierno peñanietista y qué obtuvo a cambio, si es que ello ocurrió, porque las valentonadas de ocasión del aprendiz Videgaray y el cuento del plan B de Guajardo no alcanzan ni para la botana.

En vía de mientras, parece obvio que se desaprovechó la oportunidad de encontrar otras rutas económicas para el país, porque como bien lo ha advertido el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (Idic) sin importar el resultado de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México deberá modificar su modelo económico.

Ello, porque la evidencia del agotamiento del modelo de apertura maquiladora, de lógica monoglobalizadora y dependiente de la dinámica manufacturera de Estados Unidos, volcada hacia el encadenamiento al exterior, al mismo tiempo que se debilitaba la vinculación interna, era contundente desde antes que Donald Trump planteara la necesidad de revisar el TLCAN.

El Idic recuerda que la baja productividad del modelo mexicano de apertura fue puesta en evidencia por las propias instituciones oficiales; la mejor prueba de ello quedó reflejada en las declaraciones del (entonces) titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, en 2013, cuando el hoy aprendiz reclamaba: Vemos que en México hay dos historias, una de un crecimiento sostenido de la productividad entre 1950 y por lo menos a mediados de los años 70, y otra donde la productividad decae y después se estanca. Paradójicamente, el segundo periodo citado es el de la apertura económica, cuando en teoría se tenía que propiciar una mayor productividad y competitividad de la economía mexicana.

Para el Idic el choque ha debido llegar del exterior, bajo la forma de la renegociación del TLCAN. El problema, dice, es que “la postura de Canadá y México es netamente defensiva; (Trump) desea desbordarlos con una negociación rápida y circunscrita a la agenda de Estados Unidos. Sólo la oposición de las grandes empresas trasnacionales estadunidenses podrá frenarlo; curiosamente esa es la Línea Maginot del Tratado. La reducción del déficit comercial, la brecha salarial y el combate a la corrupción sólo son distractores, pues el objetivo central es alinear a sus socios a un marco legal más cercano a los intereses de la Casa Blanca”.

Las rebanadas del pastel

Dice el consejero presidente del Invea, Meyer Klip Gervitz, que la institución a su cargo pidió el cierre del colegio Rébsamen por permiso falso, pero no lo cerraron; que hace siete meses invitó y conminó a las autoridades del colegio a dejar de operar como escuela, pero se mantuvo en operación; que pidió la suspensión de actividades, pero nada sucedió; y que, en fin, el uso de suelo era habitacional, pero ninguna autoridad impidió que funcionara como escuela. Nadie movió un dedo. Y el altísimo precio de tanta corrupción, negligencia y lesa madre lo pagaron quienes no eran responsables: los niños que allí perdieron la vida.

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