Las políticas de desarrollo urbano y vivienda a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) no han presentado avances, ya que no se acreditó el gasto de mil 802 millones de pesos en 2016, de acuerdo con análisis de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Durante 2016, la Sedatu –encabezada por Rosario Robles– no acreditó la conducción de la política de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio, pese a que ejerció mil 802 millones de pesos, recursos cuya erogación no comprobó, ya que no existen los registros para dar seguimiento a este presupuesto, señaló la ASF en el análisis de la cuenta pública.

Ahí, la auditoría señala que sigue el riesgo de que las ciudades muestren patrones socialmente excluyentes de crecimiento desordenado de la mancha urbana, que incidan desfavorablemente en la vida de sus habitantes. Señala que la Sedatu ejerció ciento por ciento más (mil 802 millones) de los 897 millones de pesos presupuestados originalmente, pero no acreditó que se erogaran para el cumplimiento y metas del programa.

Señala que la dependencia no estableció las bases para la conducción de la política urbana; con el presupuesto no fue eficiente en la atención de las causas de la inadecuada planeación; no dispuso de documentos para dictaminar y tampoco comprobó la suscripción de contratos, acuerdos y convenios para la atención y solución de los problemas en la materia.

En la evaluación a 2016 del programa sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el Coneval señala que la Sedatu omitió los rubros de la expansión urbana no controlada, la ausencia de relación entre lugares de trabajo y de habitación, la falta de inversión en transporte público, el aumento de contaminación y tránsito vehicular.

Señala que hay un sesgo al rubro de vivienda, y también se excluye lo relativo a la distribución de la población en la ciudad y la organización de las actividades económicas. Añade que no se reconocen como causas de la problemática de la vivienda, la flexibilización y la desregulación del sector habitacional.

Tampoco se identifica como problema el papel que juega el mercado en la falta de acceso al suelo y a la vivienda formal y su relación con la permanencia de vivienda precaria y asentamientos informales. Se omite el radical cambio que ha experimentado la política habitacional del país a partir de la década de los 90, al pasar a una política enfocada a fomentar la demanda a través de esquemas definanciamiento.