La dirigencia del PRI formalizó la renuncia a los 258 millones de pesos que recibiría en el último trimestre del año como prerrogativas, a fin de que sean destinados, como un ejercicio de solidaridad, a apoyar a los damnificados de los sismos recientes, señaló su dirigente, Enrique Ochoa Reza. Demandó que el resto de los partidos hagan lo propio en este periodo, con lo que se podrían reunir 992 millones de pesos para apoyar la reconstrucción.

Según sus cuentas, al PAN le correspondería devolver 190 millones de pesos; al PRD, 114 millones;  al PT, 54 millones; al PVEM, cerca de 84 millones; a Movimiento Ciudadano, 78 millones; a Nueva Alianza, 60 millones, y a Morena, 95 millones de pesos.

Aunque pretendía entregarle el oficio al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, ante su ausencia procedió a formalizar la renuncia a las prerrogativas a través de la Oficialía de Partes. Dijo que se pretende el regreso de los recursos íntegramente a la Tesorería para atender la emergencia, y sostuvo que mediante la reforma constitucional ningún partido recibiría un peso de financiamiento público. 

Cuestionado sobre si esta propuesta no abre la puerta a dinero del narcotrafico o de empresas privadas, el dirigente dijo que en otras democracias las campañas se financian con dinero privado, por lo que podría regularse la fórmula en México.

Sin embargo, en medio de la subasta de ofrecimientos de los partidos políticos para reducir las prerrogativas partidistas, el consejero Marco Antonio Baños aseveró que debería analizarse en función del tiempo. Si corresponden a los recursos que recibirían en 2017, la figura de la renuncia a recibir el dinero sería suficiente, pero si corresponde a los recursos de 2018, desde la aprobación del presupuesto, la Cámara de Diputados debe reducir los recursos públicos asignados a los partidos.

En cualquier caso, aseveró que esta coyuntura ha abierto la puerta al replanteamiento del financiamiento de los partidos. Si bien reivindicó la importancia del financiamiento público, señaló que se podrían discutir y revisar las formas de fiscalización, si se modifica para abrirse en mayor proporción al financiamiento privado.

El consejero Ciro Murayama consideró que la modificación del esquema de financiamiento de los partidos implicaría cambios legales que, por ahora, una disposición constitucional prohíbe hacer una vez iniciado un proceso electoral. A su juicio, no es momento de improvisar y deberían realizarse los comicios en los términos de ley.

Señaló que a la fecha el INE ha logrado economías por un monto de 110 millones de pesos, por lo que se está estudiando su posible devolución, pero aguardarán a la revisión de los inmuebles del instituto, por si se requieren recursos para su remodelación, como ya es el caso de la junta local de Chiapas. Otra variable sería la posible realización de elecciones extraordinarias, que podría ordenar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuando concluya la revisión de los comicios de Coahuila y Veracruz

Para el consejero Jaime Rivera, el financiamiento público ha sido fundamental para garantizar la equidad de la contienda y reconoció que privilegiar una mayor aportación de recursos privados en la política implicará revisar la forma de fiscalización.