ientos de miles de personas damnificadas por los efectos desastrosos de los sismos del 7 y del 19 de septiembre permanecen a la intemperie, con su patrimonio perdido y sin más ayuda que la que pueden brindarles vecinos y amigos. Esto ocurre en decenas de localidades de Chiapas, Oaxaca, Puebla, Morelos, el estado de México e incluso en zonas del oriente y el sur de Ciudad de México.
El vasto esfuerzo social desplegado desde que el primero de esos movimientos telúricos golpeó el Istmo de Tehuantepec y la región de la costa en Chiapas, y notablemente redoblado tras el segundo terremoto, que extendió el mapa de los daños por Puebla, Morelos, el estado de México y la capital del país ha resultado indispensable y crucial para rescatar a personas con o sin vida de entre los edificios colapsados, brindar auxilio, alimentación, albergue y ropa a parte de los afectados e incluso para iniciar procesos de reconstrucción todavía embrionarios, pero mucho de ese empeño colectivo se ha desaprovechado por la ausencia de instancias de coordinación dotadas de credibilidad y capaces de organizar y racionalizar la ayuda, de manera que no quede una sola población huérfana de ella.
Resulta claro, por otra parte, que la zona central de Ciudad de México ha acaparado los reflectores mediáticos y, con ellos, muchas voluntades de auxilio. No podría ser de otra manera, ciertamente, así fuera sólo por el centralismo histórico que caracteriza al país y por las carencias de transporte y comunicaciones –tradicionales y hoy agudizadas– de localidades, que a los percances humanos y materiales causados por los sismos deben sumar ahora el aislamiento.
Pero es inadmisible esgrimir las condiciones arriba mencionadas como pretexto o justificación para el retraso, la insuficiencia o incluso la ausencia total de auxilio a los centros poblacionales que lo siguen necesitando de manera desesperada.
En suma, es claro que se requiere de un esfuerzo organizativo mayor que el hasta ahora realizado, tanto por parte de las instancias de la sociedad civil como de las autoridades de los tres niveles de gobierno, y no sólo en la atención inmediata y primaria de las necesidades de los damnificados, sino también en un trabajo de reconstrucción que será necesariamente mayúsculo y que va a exigir un trabajo sostenido durante muchos meses.
