A tres años de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, ninguno de los presuntos responsables ha sido sentenciado y sus procesos podrían tardar más de una década. El Ministerio Público Federal no ha concluido todas las líneas de investigación, y en el quinto informe de labores de la Procuraduría General de la República (PGR) no hay ni una mención del caso de manera directa.

Desde mayo de 2016, la institución encabezada por Raúl Cervantes Andrade (designado en octubre de ese año) no ha incrementado la información pública de las investigaciones que se han realizado del caso, en el que integrantes del cártel Guerreros Unidos, policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco atacaron, privaron de la libertad y presuntamente asesinaron a los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos los días 26 y 27 de septiembre de 2014.

En el informe de labores que difundió, la PGR señala que una vez que cumplió en tiempo y forma con el mandato constitucional relativo a concluir el proceso de implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, en junio de 2016 se enfrenta al desafío de consolidarlo para que dé acceso a la justicia a toda aquella persona que así lo requiera y, consecuentemente, prevalezca la seguridad jurídica constitucional, pero no hay registro del llamado caso Iguala.

La Jornada buscó, sin respuesta, una entrevista con la subprocuradora de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías, y con Alfredo Higuera Bernal, titular de la Oficina de Investigación del Caso Iguala, para conocer los avances que registra esta indagatoria,

Tampoco existen reportes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada sobre las investigaciones que realiza en contra del ex alcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, en torno a sus vínculos con integrantes del cártel Guerreros Unidos, y por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita a partir de presunto tráfico de drogas.