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El lehendakari Urkullu llama al diálogo para una salida pactada a la crisis

El gobierno vasco exige a Rajoy dar un viraje radical a la estrategia en Cataluña

Independentistas reparten un millón de papeletas para la consulta del primero de octubre

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Los castellers de Barcelona forman su espectacular torre humana en la céntrica plaza de Sant Jaume, que alberga la sede de la Generalitat de Cataluña y el ayuntamiento, donde ayer defendieron el derecho de la ciudadanía catalana a votar en una consulta independentistaFoto Ap
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 25 de septiembre de 2017, p. 35

Madrid.

Ante la escalada de tensión entre Cataluña y España, diversas fuerzas políticas del País Vasco y la izquierda exigieron un viraje radical a la estrategia represiva del gobierno del derechista Mariano Rajoy, en aras de una solución pactada que ofrezca una salida al clamor popular de la sociedad catalana para votar en una consulta democrática.

Una de las voces más importantes en este sentido fue la del presidente del gobierno vasco, Íñigo Urkullu, quien advirtió que se está llevando a Cataluña a un escenario de escisión social y ruptura policial e institucional que será muy difícil revertir.

A unos días de que se celebre el referendo de independencia, en el que la sociedad catalana pretende decidir si mantiene su estatus de autonomía en el Estado español o se convierte en una república, no hay certeza de lo que va a ocurrir el próximo domingo.

Las leyes que amparan el referendo están suspendidas por el Tribunal Constitucional, los principales impulsores de la consulta en el gobierno autonómico, integrantes del Parlamento y los ayuntamientos son procesados por los delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y en algunos casos de sedición.

Además, el gobierno central asumió el control de las cuentas públicas de la Generalitat y fiscaliza los pagos que realizan los funcionarios con sus tarjetas de crédito. Más aún, un coronel de la Guardia Civil y funcionario del Ministerio del Interior asumió el mando de Los Mossos d’Esquadra, la policía autonómica.

El lehendakari Urkullu, líder del Partido Nacionalista Vasco (PNV), alzó la voz y su opinión es fundamental no sólo porque representa a una nación histórica, sino también porque sus diputados en el Congreso español son cruciales para la aprobación de los presupuestos generales del gobierno central.

El presidente vasco criticó la estrategia adoptada por el gobierno español, al que acusó de no valorar las consecuencias futuras de las decisiones judiciales, penales y policiales que impulsa. Por eso reiteró en varias ocasiones su llamado a la responsabilidad, pero sobre todo al diálogo, entre Rajoy y el mandatario catalán, Carles Puigdemont. El líder vasco insistió en que su hoja de ruta para celebrar una consulta propia en Euskadi es a través del diálogo y el acuerdo, pero desde la bilateralidad.

Además, en una reunión en Zaragoza organizada por el partido emergente Podemos, diversos funcionarios electos de la izquierda española y del nacionalismo catalán y valenciano llamaron a la construcción de un gobierno plurinacional que sepulte al actual y ofrezca una salida al conflicto catalán. Durante el encuentro, al que acudió la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, se tendió la mando al líder del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, sin el cual esta iniciativa no tendrá futuro.

En su declaración final advirtieron: Emplazamos al gobierno del Estado a dialogar con la Generalitat y con el conjunto de fuerzas para buscar soluciones democráticas al conflicto político en Cataluña, que permitan a la ciudadanía catalana decidir su futuro en un referendo acordado con el Estado.

La alcaldesa de Barcelona señaló: Sánchez ha apelado a la responsabilidad de Estado, y yo le digo, desde la humildad, que la responsabilidad del Estado es escuchar a Cataluña, y no aliarse con un PP que practica la represión y suspende el autogobierno de Cataluña.

En tanto, la Asamblea Nacional Catalana y la plataforma independentista Omnium anunciaron que repartieron un millón de papeletas para la celebración del referendo, desafiando de nuevo a la prohibición de los tribunales y los fiscales españoles, que se han dedicado a buscar e incautar material electoral.