La Ley Federal de Infraestructura Física Educativa, de 2008, establece que las escuelas, públicas y privadas del país, deben cumplir requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad y ­pertinencia.

De acuerdo con esa normativa, para que un inmueble pueda prestar servicios educativos deberá contar con licencias, avisos de funcionamiento y, en su caso, el certificado para garantizar el cumplimiento de los requisitos de construcción, estructura, condiciones específicas o equipamiento que sean obligatorias para cada tipo de obra.

En el caso de particulares, subraya que deberán demostrar, además el cumplimiento de lo señalado en materia de ­infraestructura.

Al respecto, integrantes del magisterio de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) demandaron al gobierno federal y al de la Ciudad de México que antes del regreso a clases, programado de forma escalonada desde este lunes, se realicen los peritajes profesionales exhaustivos en cada plantel educativo.

La Ley General de Educación indica (artículo 55) que las autorizaciones y los reconocimientos de validez oficial de estudios se otorgarán cuando los solicitantes cuenten con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad, pedagógicas y de accesibilidad que la autoridad otorgante determine.

A esto se suma, que desde 2015 el gobierno federal impulsó el Programa Nacional de Certificación de la Infraestructura Física Educativa, cuyo fin es fijar un estándar de calidad y garantizar la evaluación y certificación de las instalaciones, públicas y privadas.

Sin embargo, hasta agosto de 2015 el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed) reportaba que sólo 10 por ciento de los más de 152 mil planteles de educación básica en el país contaban con certificados de calidad.

A finales de ese año, el organismo, entonces encabezado por Miguel Ángel Vega Vargas, preveía concluir el Programa de Diagnóstico de la Infraestructura Física de las escuelas, tarea en que aún debía revisar las condiciones técnicas de 78 mil centros.

Ante las condiciones de riesgo que podrían presentar los planteles tras los recientes sismos –7 y 19 de septiembre–, profesores de la CNTE destacaron que tenemos información que en diversos planteles hay daños considerables que podrían poner en riesgo la vida de los alumnos y del personal que labora en las escuelas.

Recordaron que en la Ciudad de México se localizan, de acuerdo con cifras oficiales, 4 mil 600 escuelas públicas de prescolar, primaria y secundaria, y 4 mil 100 planteles particulares de esos niveles formativos.

Los docentes señalaron que los peritajes que se realicen deben ser con el acompañamiento de maestros y padres de familia, y emitir un dictamen por escrito para poder reanudar las clases sólo en los planteles que cuenten con las condiciones de seguridad necesarias.

Por ello propusieron un plan de revisión de tres etapas que incluye, como primer paso, que los equipos de expertos constaten las condiciones de cada escuela. La segunda etapa es garantizar la reconstrucción o reparación del inmueble, donde sea necesario, y la tercera es realizar adecuaciones a las escuelas, como la construcción de escaleras adicionales para el desalojo de estudiantes.