Madrid.

La ciudadanía catalana está en las calles y decidida a enarbolar la bandera de la protesta pacífica para defender el derecho a decidir su futuro. Desde el miércoles por la mañana, cuando ocurrieron las 14 detenciones de funcionarios y empresarios relacionados con el proceso, miles salieron a plazas públicas, grandes avenidas, barrios y pueblos para exigir democracia y denunciar la política represiva de Madrid.

Desde la madrugada de este jueves se llevaron a cabo grandes manifestaciones en las principales ciudades catalanas, sobre todo en Barcelona.

El principal foco de la protesta pacífica fue la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde se ubica el juzgado número 13, desde el cual se emitieron las órdenes de detención contra 14 ciudadanos, entre ellos funcionarios de la Generalitat y hombres clave en la organización de la consulta, así como las órdenes para el registro de más de 40 inmuebles, incluidas algunas empresas de mensajería e informática que podrían tener relación con la consulta.

Ahí, miles de estudiantes se concentraron durante más de cuatro horas para exigir la puesta en libertad de los detenidos y el freno a las medidas represivas contra las instituciones y personas que impulsan el referendo.

Después de pasar la noche en los calabozos de la comisaría, el juez instructor finalmente accedió a conceder el habeas corpus a siete de los 14 detenidos, sin embargo, trascendió que la mayoría –incluido Josep María Jové, secretario de Economía y mano derecha de Oriol Junqueras, vicepresidente de la Generalitat y máximo líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)–, serán acusados de varios delitos, incluido el de sedición, por el que enfrentarían hasta 15 años de cárcel.

Hasta ahora, la Guardia Civil ha dejado en libertad a Xavier Puig, David Franco, David Palancas, Juan Ignacio Sánchez, Pau Furriol, Mercedes Martínez y Natalia Garriga. Se prevé que el resto sean liberados en las próximas horas. Al margen de su situación, todos serán acusados de malversación de recursos públicos, prevaricación, desobediencia y sedición.

El principal foco de la movilización pacífica en defensa del referendo independentista fue la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde se ubica el juzgado número 13, desde el cual se emitieron las órdenes de detención contra 14 ciudadanos, incluidos funcionarios de la Generalitat y hombres clave en la organización de la consulta. Ahí, miles de estudiantes se concentraron durante más de cuatro horas para exigir la libertad de los detenidos y el cese de la represiónFoto Afp

Además, el Tribunal Constitucional decidió la imposición de multas por desobediencia a sus fallos relacionados con el proceso catalán, que van de 12 mil euros diarios (265 mil pesos) a 6 mil (130 mil pesos) para cada funcionario que no acate sus órdenes, en función de su rango en la administración.

Por ejemplo, a Jové le tocará pagar 12 mil euros diarios, mientras a Montserrat Vidal i Roca, jefa del Área de Procesos Electorales y Consultas Populares, 6 mil. El tribunal explica que las multas coercitivas son una de las herramientas que la ley pone en manos del Tribunal para asegurar el efectivo cumplimiento de sus sentencias y resoluciones.

La función de tales medidas, aclara, no es la de infligir un castigo ante un comportamiento antijurídico o ilícito, sino la de lograr la adecuada ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional.

El operativo del miércoles de la Guardia Civil atacó la columna vertebral del referendo, no sólo por la detención de los hombres clave de la administración para organizar la consulta, sino también porque se incautaron algo más de 10 millones de papeletas, además de que fue detenida la responsable del área informática de una empresa catalana que iba a dirigir la puesta en marcha del referendo en la red.

El vicepresidente Junqueras compareció ante los medios, visiblemente afectado y al borde del llanto, para reconocer que el Estado español ha alterado las condiciones del juego y que en estas circunstancias celebrar la consulta tendrá problemas añadidos. Sin embargo, insistió que tal como se comprometió el presidente Carles Puigdemont, el referendo se va a celebrar el primero de octubre y nada lo podrá impedir. Nos decían que eran imposibles muchas otras cosas y las hemos hecho posibles. La gente estará al lado de las instituciones como lo estuvo ayer”, afirmó el líder independentista.