a Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció ayer que en Chiapas, siete de cada diez escuelas han reiniciado actividades, que a partir de hoy una proporción igual de planteles reanuda labores, que en Tlaxcala el lunes 25 de septiembre habrá un regreso general a clases y que en los planteles de Ciudad de México, Guerrero, Morelos y Puebla lo harán en forma escalonada a partir de ese mismo lunes.
A la vista de lo ocurrido tras el sismo del 7 de septiembre en Oaxaca y Chiapas y en la capital del país después del movimiento telúrico del día 19, la ciudadanía ha aprendido que la evaluación de los daños en las construcciones por parte de personal especializado es una tarea ardua y lenta, que requiere una gran cantidad de recursos humanos y materiales, además de un compás de espera inevitable. La diferenciación entre las afectaciones superficiales y las estructurales en una edificación no puede ser hecha a la ligera y, en tanto no se analice por expertos, el inmueble en cuestión no debe ser ocupado.
Con estas consideraciones en mente, cabe preguntarse si las autoridades de Protección Civil y la propia SEP han tenido el tiempo y el personal suficientes como para evaluar la solidez de los miles de planteles que se encuentran en las zonas afectadas por los sismos de los días 7 y 19, una tarea que enfrenta dificultades adicionales –por el aislamiento de numerosas comunidades y por lo precario de la mayor parte de las escuelas– y si no resulta pertinente dar más tiempo a esas tareas antes de decretar un retorno a clases que, en esta perspectiva, parece apresurado.
El riesgo de tomarse a la ligera el examen de las condiciones estructurales de las escuelas es inadmisible, porque una réplica o un nuevo sismo podrían impactar en un plantel debilitado y culminar en una tragedia como la ocurrida en el Colegio Enrique Rébsamen de esta capital. Y sería desde todo punto de vista inaceptable el que se asumiera un peligro semejante sólo para crear la impresión de que el país avanza hacia una rápida normalización después de los destrozos causados por los movimientos telúricos; de todos modos, sería sumamente difícil sustentar esa impresión cuando centenares de miles de personas han perdido sus casas, sus locales y sus fuentes de trabajo.
En tales circunstancias, cabe exigir que se otorgue el tiempo que haga falta al trabajo de los inspectores y que ni un solo plantel educativo reinicie labores sin que se tenga la certeza total de que opera en condiciones de plena seguridad. Sería imperdonable que se pusiera en riesgo más vidas de menores y de profesores sólo por el afán de cumplir a rajatabla el calendario escolar.
