ras los difíciles momentos vividos este 19 de septiembre parece obligado un análisis de los riesgos que afronta el país. El Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, formado por el secretario de Hacienda, el subsecretario, dos subgobernadores del Banco de México y los presidentes de las comisiones Bancaria, de Seguros y Fianzas y del Sistema de Ahorro para el Retiro, un día antes hizo público su actualización del balance de riesgos sobre el sistema financiero mexicano. Se trata, como es evidente, del análisis de los riesgos económicos que se piensa podrían afectar la economía y, especialmente, a bancos y las otras entidades financieras. Los riesgos de origen no económico no son considerados, pero como acabamos de vivir conviene reconocerlos para evaluar los posibles impactos sobre nuestro país.
El citado consejo reconoce que la economía global ha continuado mejorando, tanto en los países desarrollados como en los emergentes. Nuestra economía igualmente ha tenido un desempeño mejor del esperado, en parte debido a la disminución de la volatilidad financiera global. El mercado cambiario ha observado una sensible recueperación del peso, apreciándolo a los niveles observados en el segundo semestre de 2016. La economía mexicana, por su parte, ha crecido un poco más de lo esperado, gracias a que las exportaciones se recuperaron, lo mismo que el consumo interno. Otro dato importante ha sido que el crédito ha seguido creciendo, aunque a un ritmo menor al de años recientes. Gracias a esto han mejorado las expectativas de crecimiento de este 2017, aunque éste se mantiene en un nivel muy limitado.
Pero por supuesto existen riesgos significativos que pueden modificar este funcionamiento: la normalización de la política monetaria en las economías avanzadas, las políticas económicas proteccionistas estadunidenses y de otros países, además de riesgos geopolíticos relevantes. Un importante riesgo adicional es que se presenten dificultades en lo que este consejo denomina la modernización del TLCAN
, la que no es tal: se trata de una revisión demandada por unos de los tres socios y que se propone corregir en favor de Estados Unidos aspectos que ellos consideran desventajosos para esa economía.
Es obvio que los funcionarios que forman el Consejo entienden que estos no son los únicos riesgos importantes. Sin duda conocen la relevancia que la situación política y social tiene sobre el funcionamiento de la economía mexicana. El proceso electoral de 2018 es indudablemente central en el análisis de los posibles escenarios para los años próximos. Pero lo es tambíen el deterioro evidente del frágil estado de derecho en el que vivimos, destacadamente la corrupción en todos los niveles de gobierno y, más importante aún, la situación social en que la permanencia de la pobreza y la indigencia se explican por la incapacidad política de quienes han gobernado este país.
El balance de riesgos de la economía, incorporando los políticos y sociales que no incluye el citado consejo, es excepcionalmente complejo. Pero lo que resulta muy preocupante es que las dificultades que podrían presentarse en los ámbitos políticos y sociales no resultan relevantes para los partidos políticos que han gobernado el país, ni para los grupos empresariales que parecen satisfechos con el estado de cosas que se viven, salvo en materia de corrupción. La permanente crítica al populismo y a la supuesta nostalgia por un pasado liderado por el Estado, revelan que siguen pensando que reiterar que el camino adoptado hace 35 años no sólo es el único posible, sino que además es el que le conviene al país, puede constituirse en una verdad que, exactamente igual que las falsas verdades de Trump, puede servir para retener la conducción económica y política del país.
El terremoto del 19 de septiembre demuestra nuevamente lo que todos sabemos y con lo que vivimos: no podemos predecir cuándo ocurrirá un temblor fuerte, pero estamos seguros de que tarde o temprano ocurrirá y puede ser demoledor. Esta terrible certidumbre también puede extenderse a lo que vivimos política, económica y socialmente. Gobiernos sucesivos incapaces de resolver el tema de la inseguridad, de la vigencia de los derechos humanos, del castigo a los delincuentes políticos, en pocas palabras, de la vigencia de las leyes han generado un ambiente de frustración política y social que sólo es superado cuando la adversidad nos lo exige. Gobiernos de distinta procedencia partidaria operando en función de sus propios intereses están sembrando el terreno para que ocurra un terremoto político y social como el que vivimos hace un siglo.
