Chilpancingo, Gro.

La Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas (Red TDT) documentó, con su primera misión civil de observación, dolor e impotencia derivados de la impunidad, revictimización de familias y criminalización de defensores de derechos humanos, así como desplazamientos y desapariciones forzadas.

En conferencia de prensa, organizaciones integrantes de la Red TDT, entre ellas Amnistía Internacional, Servicio y Asesoría para la Paz (Serapaz), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón informaron de sus hallazgos del martes pasado en Chilapa, tras reunirse con familias de víctimas de la violencia en Guerrero y recorrer pueblos abandonados por luchas entre narcotraficantes.

Fernando Díaz Martínez, secretario ejecutivo de la Red TDT, dio a conocer que uno de los principales problemas detectados en la zona es “el doloroso costo de la guerra entre cárteles de la delincuencia organizada”.

Allister Guerrero, representante de Serapaz, aseguró que familias de víctimas coinciden en que han fracasado las políticas públicas de seguridad y de búsqueda de desaparecidos.

Añadió que el hecho de que muchos de los afectados sean indígenas monolingües, sin acceso a intérpretes, dificulta que tengan acceso a la justicia y los hace padecer “una doble o hasta triple vulnerabilidad.

La misión atestiguó el dolor y la impotencia derivados de la impunidad y la indolencia de las autoridades responsables de garantizar el acceso a la justicia. Las víctimas, en su mayoría mujeres indígenas, no tienen servicios de salud y educación; en estas condiciones, deben buscar justicia sin un marco jurídico y de reparación, manifestó.

La subdirectora de programas de Amnistía Internacional México, Raquel Aguilera, aseguró que las víctimas y las organizaciones sociales esperan que el Estado, especialmente en Guerrero, dé a conocer qué se está haciendo.

Indicó que los afectados informaron que no han recibido información de sus casos desde 2015, y que desde entonces colectivos y organizaciones locales han registrado al menos 150 desapariciones en los municipios de Chilapa y Zitlala.

De acuerdo con Fernando Ríos, en la entidad se tacha de criminales a quienes promueven los derechos humanos y la Red TDT ha contabilizado 21 ejecuciones extrajudiciales de activistas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Esto nos parece sumamente grave, porque hemos documentado que estas violaciones tan graves a los derechos humanos se han triplicado; es una política de Estado. De igual manera, tenemos nueve personas desaparecidas, además de los 43 (estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, cuyo paradero se ignora desde septiembre de 2014), quienes también fueron víctimas por defender los derechos humanos, puntualizó.