Durante los trabajos de la Asamblea General de las Naciones, México se sumó a más de 50 países que suscribieron la Alianza Mundial para el Comercio sin Tortura, que integra un esfuerzo conjunto de la Unión Europea (UE), Argentina y Mongolia para poner fin al negocio de productos para aplicar la pena capital e infligir torturas.

A la citada iniciativa se sumaron 58 naciones, pues el derecho internacional prohíbe esa práctica en cualquier circunstancia. Sin embargo, aún se comercializan en todo el planeta instrumentos destinados a matar y causar dolor; por ejemplo, porras con púas metálicas, cinturones para aplicar descargas eléctricas y dispositivos que sujetan a las personas por la cintura o las extremidades mientras las electrocutan, así como productos químicos que se utilizan para cometer ejecuciones y los sistemas de inyección forzosa que los acompañan.

En un comunicado, Cecilia Malmström, comisaria de comercio de la UE, destacó que estos instrumentos y productos no tienen otra finalidad que la de infligir un dolor terrible a las personas y matarlas. Ha llegado el momento de tomar medidas concretas para detener este vil comercio.

Definen 4 líneas de acción

En el lanzamiento de la alianza, que integró a naciones de África, América, Europa y Asia, se detalló que las naciones que se han adherido acordaron cuatro líneas de acción: tomar medidas para controlar y restringir las exportaciones de estos productos y dotar a las autoridades aduaneras de los instrumentos adecuados, pues la alianza creará una plataforma para supervisar los flujos comerciales, intercambiar información y detectar nuevos instrumentos.

También deberá dar asistencia técnica para ayudar a los países a establecer y poner en marcha leyes que prohíban ese comercio e intercambiar prácticas para conseguir sistemas de control y cumplimiento eficientes.

Además se detalló que en consecuencia, en parte del endurecimiento de las normas de la UE, las drogas para las inyecciones letales se han hecho más difíciles de obtener y más caras.

Sin embargo, los fabricantes y comerciantes de estos productos tratan de eludir la legislación, de manera que, cuantas más naciones se comprometan a prohibir la exportación de esos dispositivos, más efectivos serán los esfuerzos para poner fin a su comercio.