El gobierno de Panamá concedió al mexicano la extradición de Roberto Borge Angulo, ex gobernador de Quintana Roo, para que enfrente en territorio nacional el proceso por cuatro causas penales.

El 15 de septiembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la nación centroamericana notificó al ex mandatario estatal la decisión de entregarlo al gobierno mexicano, de acuerdo con el tratado suscrito con éste. Con base en la legislación de Panamá, el imputado tiene derecho a impugnar ese fallo.

A Borge Angulo se le persigue por un delito federal: operaciones con recursos de procedencia ilícita, y por tres del fuero común: peculado, aprovechamiento ilícito y ejercicio indebido de la función pública. Salió del país antes de que el 31 de mayo un juez federal emitiera una orden de aprehensión por lavado de dinero. El 5 de junio fue detenido en el aeropuerto internacional de Tocumen, el principal de Panamá, cuando intentaba abordar un vuelo hacia París, Francia. El gobierno mexicano presentó formalmente la solicitud de extradición a Panamá el 24 de julio.

Ayer, en un comunicado conjunto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Procuraduría General de la República (PGR) informaron la decisión de la cancillería panañema, a fin de que el ex funcionario enfrente los procesos penales en su contra por delitos presuntamente cometidos cuando gobernó Quintana Roo.

La cancillería y la PGR detallaron que conforme a la legislación panameña, Borge Angulo contará con los medios de impugnación correspondientes. Las autoridades mexicanas continuarán dando seguimiento y atención a este procedimiento hasta lograr su entrega a nuestro país.

De acuerdo con el tratado de extradición, ésta podría darse en diciembre próximo o a más tardar en enero de 2018. De aceptarla de inmediato, el traslado al país del ex gobernador se concretaría mucho antes.

Ninguno de los delitos que se le imputan ameritan prisión preventiva oficiosa, por lo que podría ser sujeto a proceso en libertad provisional. Sin embargo, fuentes oficiales señalaron que la PGR insistiría en su reclusión debido a que Borge Angulo cuenta con los recursos económicos suficientes para abandonar nuevamente el país.

Uno de los procesos en su contra es por la presunta venta subvaluada de terrenos (al menos 24) que eran patrimonio de varios municipios del estado, como Benito Juárez (Cancún), Solidaridad (Playa del Carmen) y Cozumel, con daño patrimonial por más de 2 mil millones de pesos. Los inmuebles tenían un valor comercial de alrededor de 5 mil millones de pesos, y durante la admistración del ex mandatario fueron enajenados a un precio equivalente a 6 por ciento de su valor comercial.

En el comunicado conjunto, la SRE y la PGR señalaron: El gobierno de México hace patente su decisión de realizar las acciones que sean necesarias para abatir los espacios de impunidad en beneficio de los mexicanos, buscando con ello la aplicación de la ley con objetividad e imparcialidad.